Mediavilla felicita a Paz Hidalgo, que "hará una magnífica labor" en el TSJC

El consejero de Presidencia y Justicia en funciones, José Vicente Mediavilla Cabo, no obtuvo los votos necesarios para ser elegido magistrado territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En su lugar, el Consejo General del Poder Judicial designó para el cargo a la candidata propuesta por el PP en el Parlamento cántabro, Paz Hidalgo. Mediavilla ha trasladado su "sincera felicitación" a la nueva magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJC, Paz Hidalgo, que cubrirá la vacante tras la jubilación de Santiago Pérez Obregón.

Mediavilla, que aspiraba también a la plaza, se ha mostrado "absolutamente convencido" de la "magnífica labor" que realizará la nueva magistrada, a quien ha calificado como una "gran profesional". Asimismo, en un comunicado, el todavía consejero destaca su "respeto absoluto" a la decisión acordada por el órgano de Gobierno de los jueces. Por otra parte, Mediavilla ha recordado que los últimos años ha dedicado "gran parte de sus esfuerzos" al frente de la Consejería a trabajar por la "modernización" de la Administración de Justicia.

Según dice, en ese empeño ha encontrado el "apoyo y la colaboración" de todos los operadores jurídicos de Cantabria : el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, así como el del conjunto de empleados públicos de la Administración de Justicia. A todos ellos, les ha trasladado su "total agradecimiento", así como su confianza en que "seguirán implicados en conseguir ese objetivo, tan necesario para el conjunto de la ciudadanía".

Fueron necesarias dos votaciones para que los vocales del Poder Judicial designarán a la magistrada que sustituirá a Santiago Pérez Obregón como juez de la Sala Civil y lo Penal del TSJC. En la primera, Mediavilla obtuvo cinco apoyos de los once necesarios y en la segunda, se quedó tan sólo con tres.

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Terna de candidatos

Junto a Paz Hidalgo y Mediavilla, la terna de candidatos para cubrir esta plaza la completaba la abogada Emma Marcos, propuesta por el PSOE.

La plaza de magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC está vacante desde la jubilación forzosa de Santiago Pérez Obregón.

Se trata de una plaza que no se cubre de manera ordinaria entre los miembros de la carrera judicial, sino que a ella se accede por el turno de juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma a partir de una terna presentada por el Parlamento regional, tal y como establece el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este caso, el Parlamento de Cantabria elaboró una terna a finales del mes de marzo en la que se encontraban Paz Hidalgo --jefa del Servicio Jurídico de la Seguridad Social y que fue apoyada por 16 votos de los diputados del Grupo Popular-- junto al actual consejero de Presidencia y Justicia en funciones, José Vicente Mediavilla, y la abogada Emma Marcos --ambos respaldados por los 21 votos de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista--.

Una designación en medio de la polémica

La inclusión de Vicente Mediavilla en la terna de candidatos suscitó el debate sobre si era conveniente, o no, que un representante en ejercicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo aspirara a un cargo en el Poder Judicial sin haber abandonado antes sus otras responsabilidades (consejero de Justicia, diputado y secretario general del PRC en Santander).

El PRC defendió la preparación jurídica de Mediavilla para ejercer la magistratura en el TSJC, se mostró seguro de su independencia y anunció que, de hecho, no iba a ser candidato a las elecciones celebradas el pasado domingo, 22 de mayo.

Además, los regionalistas recordaron el precedente del consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de Rosa (PP), que fue elegido vicepresidente del CGPJ.

A las críticas formuladas en su momento por el PP a la propuesta de Mediavilla se sumaron las cuatro asociaciones judiciales representadas en Cantabria (la APM, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foto Judicial Independiente), así como la Asociación Profesional de Fiscales, que demandaron en un comunicado conjunto candidatos que salvaguardaran la imagen de independencia de la Justicia.

En los días siguientes, ya por separado, la Asociación Francisco de Vitoria calificó de "inadmisible" la candidatura de Mediavilla y opinó que pasar directamente de la política a la judicatura es una "distorsión" que afecta a la credibilidad del Estado de Derecho.

En la misma línea, Jueces para la Democracia alertó del "peligro de intromisión" de otros poderes en el Judicial que percibía en el hecho de que un parlamento autonómico propusiera a un político en activo como candidato a magistrado.