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David Remartínez
Viernes, 9 de marzo 2012, 19:05
La situación ha sido paradójica; el presidente regional ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación de GFB, según había solicitado la oposición. Sin embargo, esa misma oposición, PRC y PSOE, abandonó las reuniones de la citada comisión hace medio mes, así que Ignacio Diego se ha sentado, ha leído una declaración, y no ha tenido que responder a ninguna pregunta, pues por nada le han interrogado los representantes del Partido Popular. Eso sí, ha aprovechado para despacharse contra sus rivales políticos. Les ha afeado su ausencia en la investigación sobre el dinero público concedido a la fábrica de fibroyeso de Orejo, y también, en declaraciones a la prensa posteriores, su participación en las últimas manifestaciones contra los recortes administrativos y la reforma laboral.
"Estos tíos han perdido la dignidad y la vergüenza, y se apuntan a lo que sea en el marco de la desesperación por haber perdido sus privilegios" ha reprobado Diego, recordando que, frente a los 157 millones que supone de ahorro el plan de ajuste de su Ejecutivo, el del bipartito ascendía "a 257 millones". Ahora, PRC y PSOE "se agarran a la pancarta". "Estos tíos no tienen vergüenza", ha insistido en su desprecio.
Y con el mismo enfado se ha manifestado sobre GFB. El presidente ha querido mantener su asistencia a la comisión como prueba de respeto "democrático", que ha contrastado con la actitud de regionalistas y socialistas. Ha ido incluso más allá y ha solicitado a la Cámara autonómica que investigue si el abandono ha podido suponer un delito: "Ésto no puede pasar sin más. La Mesa del Parlamento tiene que analizar si esta actitud, desde el punto de vista estrictamente reglamentario, y comprobar si se ha vulnerado algún artículo, en concreto el 502.1, y si en función de eso deben ser penalizados".
El tal artículo 502.1 es especialmente severo: amenaza con castigar por un delito de desobediencia a "los que habiendo sido requeridos" en ese órgano de investigación, no hayan respondido a la solicitud con motivos que la disculpen. Si son cargos públicos, la pena es la inhabilitación temporal.
La oposición abandonó la comisión tras casi cuatro meses de comparecencias al entender que el PP solo busca un efecto propagandístico con ella.
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