Acayro imputa a 21 políticos y un técnico municipal por un nuevo escándalo urbanístico en Castro

El magistrado Luis Acayro Sánchez ha emitido un nuevo auto en el que imputa a 21 políticos y un técnico municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística como consecuencia del desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construye un edificio de 55 viviendas que fue paralizado hace dos años.

Los principales afectados por esta causa son el exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y la ingeniero municipal, Mari Carmen Villanueva, a los que el instructor castreño imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística por conceder la licencia de obras a la constructora Proconor, que ejecutaba las 51 viviendas, y aprobar el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización. También se le imputa un delito de prevaricación urbanística al técnico municipal Sopeña, por informar favorablemente la licencia de obra de otras 25 viviendas que no se han ejecutado.

Asimismo, están imputados por esta causa, y por un delito de prevaricación administrativa, con la cooperación necesaria del exsecretario municipal, César Saiz, el actual portavoz de Acuerdo por Castro, Rufino Díez Helguera; y los exconcejales Teresa Pérez, Pedro Olano, Joaquín Antuñano, Maria Ángeles Blanquet, Javier Zurbano, Paulino Lavín, Fidel Uriarte, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez KyK, Ana Zubiaurre, Elisa Cantero, Santiago Vélez, Víctor Echevarría (pedáneo de Mioño), Marta González, y Guzmán Miranda. El notario José Graiño también está implicado en la causa como colaborados necesario de la aprobación del estudio de detalle y el proyecto de reparcelación.

En un auto de 36 páginas, el juez Acayro cifra en 403.147 euros el perjuicio ocasionado al patrimonio municipal por el desarrollo urbanístico de esa zona, ya que no debía haberse fraccionado la parcela destinada a equipamiento de cesión obligada ni se debía haber autorizado la apertura de viales sobre la misma. Se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el PGOU.

Pero el instructor no se queda ahí. Señala que este desarrollo urbanístico siguió su tramitación a pesar de que había cinco informes negativos y vinculantes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación de Territorio y Urbanismo), otros ocho informes negativos de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, y después de que se tratara el asunto en trece comisiones de gobierno o informativas de Urbanismo y tres plenos en cuyas actas se evidencia el conocimiento de la ilegalidad por parte de los imputados. A todo esto habría que sumar las denuncias que realizó en su día el constructor Marín del Río, advirtiendo de las presuntas ilegalidades.

Todo vale

Con todo esto, el juez Acayro llega a la conclusión de que los hechos se han producido en un contexto del todo vale. Donde Castro Urdiales ha tenido un desarrollo urbanístico brutal con la consecuencia, entre otras, de provocar un déficit generalizado de equipamientos públicos. Según el magistrado, esta situación es tan notoria que tal y como se refiere en la pericial, el Ayuntamiento de Castro se ha visto obligado a realizar una suerte de casting público de búsqueda de parcela para construir un colegio porque no hay. Para Acayro ahí reside la gravedad de los hechos. Por actuaciones como éstas, de reducción de parcelas de equipamiento, no quedan terrenos municipales con cabida adecuada para hacer equipamientos públicos tan básicos como colegios, teatros o instalaciones deportivas.