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P. Ch.
Viernes, 31 de agosto 2012, 22:09
El Gobierno de Cantabria ha vuelto a insistir hoy en que cumplirá con la normativa estatal a la hora de arbitrar la atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' en la región. Y en este marco, la Consejería de Sanidad garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas que lo necesiten, tanto en atención primaria como hospitalaria, pero recuerda cobrará a aquellas que no tengan tarjeta sanitaria, excepto en los casos que recoge el nuevo decreto aprobado por el Ministerio de Sanidad .
Según recuerda el Gobierno regional en una nota de prensa, estos casos son los fijados por el decreto como "situaciones especiales" como, por ejemplo, los extranjeros en situación irregular y sin recursos económicos que acudan a la sanidad pública en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, por embarazo, parto o postparto.
También se garantiza la prevención y control de enfermedades infecciosas y transmisibles y la continuidad de los tratamientos a enfermos crónicos que hubieran comenzado antes del 1 de septiembre.
"Cantabria garantiza la atención sanitaria a todos los extranjeros en situación irregular que lo precisen, tanto en atención primaria como hospitalaria, por lo que la labor y el comportamiento profesional del médico no se verán afectados por la entrada en vigor de esta medida", añade la Consejería.
Y asegura que ningún médico va a recibir "instrucción alguna" ni deberá verificar si el paciente tiene tarjeta sanitaria, ni factura la asistencia, "ya que son cuestiones que forman parte de la gestión administrativa de los servicios de salud.
El Gobierno informa, en el comunicado, que la Consejería de Sanidad trabaja en "tiempo real en el cruce de datos" con el Ministerio de Sanidad para definir con exactitud la situación real de Cantabria "en cuanto a casuística y posible número de extranjeros en situación irregular, y poder, de este modo, dictar las instrucciones que, en su caso, fueran necesarias".
En Cantabria hay una veintena de médicos que se han apuntado en el registro del Colegio Oficial que recoge a quienes se declaran objetores e insisten en atender a todos los pacientes que lleguen a su consulta, tengan o no papeles.
Rechazo de Izquierda Social y Ecologista
Por su parte, Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha manifestado su rechazo ante la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación irregular, que entrará en vigor el 1 de septiembre una medida que considera "injusta" porque podría afectar a miles de personas.
Iseco ha acusado al Gobierno de estar "saltándose" un derecho humano reconocido internacionalmente y recogido por la profesión médica en forma de código deontológico, según han señalado en una nota de prensa.
El colectivo ha opinado que esta medida va a suponer "un grave retroceso" en términos de derechos sociales fundamentales y ha añadido que "viene a demostrar, una vez más, que este Gobierno en su locura reformista está dispuesto a dejar de lado derechos humanos fundamentales".
Ha considerado que el Ejecutivo cántabro "puede y debe" garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, dentro del Servicio Cántabro de Salud y "sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo."
La organización ha mostrado su apoyo a las iniciativas puestas en marcha por el personal sanitario, de Cantabria y de la nación, a favor de la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria.
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