Los administradores declaran culpable el concurso de GFB e implican al exconsejero Pesquera

Cuando parecía que el procedimiento judicial de GFB (Gypsum Fiber Board) era ya historia, tras la compra de los activos de la compañía por la firma alemana Fermacell el pasado mes de abril, el informe definitivo de los administradores concursales sobre el proceso ha dado una vuelta de tuerca al caso.

La administración concursal ha declarado culpable el concurso de la fábrica de fibroyeso, una responsabilidad que extiende al exconsejero socialista de Industria en la legislatura de 2003-2007, Miguel Ángel Pesquera, y a los cuatro máximos dirigentes de Euroamérica, asociada al grupo costarricense Pujol Martí y promotora del proyecto: Sebastián Tena Puyol, Max Fischel, Mario Esquivel y Leandro Sáinz de la Riva, el único cántabro. Los cuatro formaron parte del Consejo de Administración de GFB.

Pero, además, los administradores dirigen las responsabilidades hacia las sociedades que participaron en GFB, la propia Euroamérica y el grupo Pujol Martí S. A. y la sociedad pública del Gobierno regional, Sodercán, que entró como socio minoritario de GFB y apoyó el proyecto con fondos públicos.

Los administradores judiciales consideran que la deficiente gestión de estos responsables causó daños graves en el patrimonio de la firma. Es decir, actuaron «con dolo o culpa grave», lo que generó la insolvencia de la sociedad, motivo por el que han calificado el concurso culpable en lugar de fortuito, en cuyo caso no hubiera acarreado consecuencias negativas para los empresarios.

El informe de los administradores abre ahora la puerta a un proceso en el mismo Juzgado de lo Mercantil que tramitó el concurso de acreedores, que concluirá en un juicio. Una sentencia de culpabilidad de los implicados por parte de la magistrada María del Mar Hernández provocaría su inhabilitación para administrar empresas durante un período de entre dos a quince años, además de responder con su patrimonio ante los acreedores de la compañía.

Los dos administradores concursales, Juan Carlos Sánchez Girón y Manuel de Lafuente, presentaron el informe definitivo el pasado jueves en el Juzgado de lo Mercantil. Se trata de un voluminoso estudio de más de 300 páginas que desgrana las actuaciones de los sucesivos administradores societarios y sus efectos en la complicada situación económica que ha atravesado GFB. La fase de culpabilidad se abre ahora con el traslado del informe a las partes implicadas: afectados, acreedores y Ministerio Fiscal, que tendrá que emitir un dictamen en el plazo máximo de diez días prorrogable por otros diez para determinar las causas del incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable. Implicados y acreedores formularán también sus alegaciones antes de que la jueza señale el juicio que puede tardar meses en celebrarse.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, GFB vive una nueva etapa de la mano de la multinacional alemana Fermacell, que el pasado 11 de abril se hizo con la fábrica de Orejo en una subasta pública, a la que concurrió como único comprador. Pagó 14,5 millones de euros y se comprometió a realizar la inversión necesaria para terminar las instalaciones, así como a la creación progresiva de 47 puestos de trabajo como mínimo.

Pero antes de entrar en la normalidad, GFBha vivido una década tormentosa de trámites, aportaciones millonarias de fondos públicos y anuncios incumplidos de apertura, y se ha llevado por delante las expectativas de 77 trabajadores.

El proyecto, auspiciado por el grupo empresarial Pujol Martí, nació en 2002 cuando los costarricenses decidieron instalarse en Cantabria. Entonces negociaron con el Ejecutivo de Martínez Sieso, que se empeñó en instalar la fábrica en Reinosa para dar vida a la comarca. Pero el proyecto no cristalizó porque Pujol Martí quería un lugar cercano al Puerto de Santander.

Tras las elecciones autonómicas de 2003, el Gobierno de regionalistas y socialistas retomó el proyecto industrial que se daba por perdido, y se convirtió en socio a través de la Sociedad de Desarrollo Regional (Sodercán). El 1 de marzo de 2004 el entonces presidente Miguel Ángel Revilla viajó hasta Costa Rica para firmar un convenio que suponía la entrada de Sodercán en la iniciativa empresarial del grupo costarricense con un 30% del capital (27 millones de euros). La ubicación de Campoo se cambió por la de Orejo (Marina de Cudeyo) y surgieron entonces los primeros recelos del Partido Popular, a la sazón en la oposición.

Con Miguel Ángel Pesquera al frente de la Consejería de Industria, comenzó la construcción de la planta. Pujol Martí prometió una inversión de 64 millones de euros y la creación de 140 trabajos directos, así que el proyecto fue declarado de interés regional. El Gobierno estaba eufórico, pero la crisis de la construcción, sector prioritario al que va dirigida la actividad de GFB, empezó a sobrevolar la economía nacional y comenzaron las dificultades.

El socio mayoritario remolonea y empieza a incumplir sus compromisos. El proyecto va desvaneciéndose y a partir de 2007 se consumó su agotamiento. La compra de la maquinaria se convirtió en el ariete de la oposición para hostigar al Gobierno. El PP hablaba de fraude en su adquisición, ya que Sodercán habría pagado al inversor privado Pujol Martí 12 millones de euros más de su coste real. Los populares arreciaron sus críticas y acusaron a los gestores cántabros de haber tomado las mínimas medidas cautelares y de dejadez absoluta, sobre todo porque se trataba de una inversión millonaria para las arcas públicas.

La maquinaria, que estaba almacenada en Alemania, llegó a Santander en 200 camiones en febrero de 2006, y un año después GFB contrató a 23 operarios en previsión de que la apertura de la fábrica se haría en julio. Pero nada de eso ocurrió. Los costarricenses no acaban de aportar liquidez a la operación. Las deudas de proveedores y trabajadores comienzan a acumularse hasta que el 28 de abril de 2009 GFB instó el concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil.

Los administradores concursales pusieron negro sobre blanco el proyecto, y no encontraron más alternativa que la liquidación. El pasado 11 de abril, en cumplimiento del proceso dispuesto en el Plan de Liquidación aprobado por el Juzgado Mercantil, el grupo alemán Fermacell compró los activos de GFB por 14,5 millones.