El Racing pagó por partidos que no se jugaron y costosas comisiones sin justificación

Cuarenta folios de conclusiones, treinta documentos como anexos y dos culpables con nombre propio: Francisco Pernía, que sigue manejando el Racing desde la sombra, y Alí Syed, el empresario que compró el club, posee el 99,89% de la entidad y está desaparecido, en otra sombra. Ese es el veredicto final del escrito de calificación emitido por los administradores del concurso de acreedores de la entidad deportiva cántabra, proceso judicial que estiman que debe ser declarado culpable y del que responsabilizan a quienes han dirigido los designios del Racing en los últimos años.

Francisco Pernía, en su calidad de presidente y consejero desde mayo de 2006 y hasta noviembre de 2011, es el gran responsable a decir de los administradores. Tanto como para subrayar que su actuación no sólo agravó la «situación de insolvencia», sino que «estuvo a punto de implicar la liquidación y desaparición» del Racing. A Pernía se le califica como el «autor intelectual y material» de toda una suerte de actuaciones vinculadas a la compraventa de jugadores, pagos a intermediarios, finiquitos de técnicos, gastos de representación y abonos a colaboradores (incluye a un actual consejero).Hasta el extremo de que sentencien que llegó a causar un quebranto económico que cifran, y detallan, en 4,9 millones de euros, que ahora creen que en justicia le deben ser reclamados; «se interesa su condena», se recoge de forma textual en el escrito calificador.

Ese es el argumento utilizado por Santiago Ruiz Asenjo, Ramón Camarena García y Alejandro Alvargonzález Tremols, para dictaminar que el concurso de acreedores del Racing debe ser considerado culpable y con tres únicos responsables: FranciscoPernía, Alí Syed y la mercantil, propiedad del empresario indio, Western Gulf Advisory Sporet Holding (WGA).

Aunque desde hace días se sabía que el documento legal apuntaba a Francisco Pernía y a Alí Syed, no fue hasta ayer cuando las partes implicadas en el proceso recibieron la notificación oficial. El Juzgado también ha dado traslado del escrito de calificación al Ministerio Fiscal, que dispone de un plazo de 15 días para emitir un dictamen. La declaración de culpabilidad del proceso concursal formulada por los administradores coincide, al menos parcialmente, con la petición que ya han hecho AUPA y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Controlador

En la diana de los concursales está Francisco Pernía y nadie más de su consejo. Creen probado que era sólo él quien hacía, deshacía y tomaba todas y cada una de las decisiones. Una convicción legal con la que proceden a exonerar de toda culpabilidad a los restantes miembros del consejo de administración, entre ellos Roberto Bedoya, durante años mano derecha del presidente. Como mucho, se les puede imputar la omisión en su deber de velar por la gestión de la entidad, pero nunca corresponsabilizarles de las actuaciones. «Ni tenían firma, ni fueron conocedores de las operaciones» estimadas como injustificadas, aunque «son responsables de las irregularidades contables» y de la demora en la solicitud del concurso de acreedores. Es más, los administradores explicitan que los consejeros (Roberto Bedoya, Santiago Gilarranz,Carlos Velado, José Antonio González y Luis Alberto Rodríguez) han colaborado en el esclarecimiento de los hechos, «incluso después de haber cesado en el cargo». Una afirmación que sirve como atenuante y que estaría corroborada por el hecho de que su posible participación en la demora en solicitar el concurso de acreedores no supuso un «agravamiento» de la insolvencia ya existente.

Si los exconsejeros quedan limpios, no ocurre lo mismo con otras personas que en la actualidad están vinculadas al club. Es el caso de José Campos, miembro del consejo de administración del Racing. La historia viene a su encuentro para cuestionar su labor durante su anterior etapa en el Racing y su relación con Pernía. Su nombre protagoniza uno de los apuntes de la supuesta «salida injustificada» de dinero promovida por el expresidente en su mandato. Se indica que recibió tres pagos por un valor de 224.900 euros, sin apoyo documental ni justificación, o al menos los administradores concursales no la han encontrado. Por eso afirman que esas operaciones económicas «no están acreditadas» y supusieron para el representativo cántabro «un coste injustificado».

Daños y perjuicios

En el escrito dirigido al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santander, los administradores son rotundos en sus apreciaciones sobre el gran controlador del Racing desde hace años. Apuntan que Francisco Pernía es el hacedor de al menos diez actuaciones «que han supuesto un perjuicio económico directo para el Racing por importe de 4.938.924,58 euros». Daño al céntimo, tras analizar contratos, adquisición de jugadores y pagos. Pero hay más. Pernía también sería el colaborador necesario de la empresa propietaria del club, WGA, para demorar la declaración del concurso de acreedores y no colaborar con la Administración Concursal. Otros dos hechos que según los administradores llevaron «al agravamiento de la situación de insolvencia y a colocar a la entidad ante la casi certeza de su desaparición».

Hecha la acusación, el escrito de calificación reclama la pena: la inhabilitación para administrar bienes ajenos por un periodo de cinco años de los tres corresponsables (Pernía, Syed y su empresa), la pérdida de todo derecho como acreedores de la entidad y la indemnización en concepto de daños y perjuicios. Es ahí donde la Administración Concursal «interesa la condena» de FranciscoPernía por el quebranto económico ocasionado y le exige la reparación del mismo, es decir que con su patrimonio devuelva al Racing 4,9 millones de euros.

Los firmantes del documento remachan que «quedan acreditados documentalmente» tanto el autor del perjuicio como la cantidad. De no haber concurrido dichas anomalías, «el patrimonio del Racing no se hubiera visto disminuido en las cantidades pagadas». Quien queda fuera de toda petición de restitución económica es el ilocalizable Alí Syed, de quien se dice que «generó expectativas de aportación de fondos que incumplió», conoció la deriva de la sociedad «y tomó parte en las decisiones» que pusieron al Racing muy cerca de la «desaparición». A él no se le pide restitución económica alguna, pero sí se requiere que la Justicia le retire cualquier derecho como acreedor en el procedimiento. En suma, de recuperar o recibir dinero del Racing, nada de nada. Su empresa y él, serían culpables del retraso en solicitar el concurso de acreedores y reos de no haber ayudado en el procedimiento judicial. «Desde enero de 2001 fecha desde la que Syed actúa como «administrador de hecho» se mantuvo artificialmente la sociedad en el tráfico cuando el incumplimiento de las obligaciones era generalizado, cuando el neto patrimonial reflejaba que la sociedad se encontraba incursa en una causa de disolución, e incluso era negativo, al menos desde julio de 2010».

De la demora en acudir al concurso, a la «nula colaboración». Los administradores relatan que Syed y su empresa «han incumplido de modo reiterado y sistemático el deber de colaboración con la Administración Concursal». Una imputación que detallan al asegurar que el empresario indio «ha bloqueado el nombramiento de un consejo operativo» y «ha entorpecido cualquier solución que pudiera haber permitido la entrada de un tercero que capitalizara» al club, haciendo viable «su salida económica». Y tras la acusación, otra vez el peligro real que ha existido: «Dichas actuaciones han puesto en serio riesgo la continuidad y supervivencia de la entidad», acciones para las que precisó la colaboración y connivencia necesarias del entonces presidente del Racing, Francisco Pernía.

El escrito de calificación también pone sobre la mesa diversas irreglaridades y defectos contables. Pero en este caso no les otorga mayor relevancia. Vistas otras anomalías, en éstas no aprecian «dolo o culpa». «No agravaron la insolvencia», concluye.