El PP denuncia al alcalde regionalista de Arenas «por malversación y fraude»

El Partido Popular parece dispuesto a sacar los colores a los alcaldes o exalcaldes regionalistas que se pongan a tiro. Ayer, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Arenas de Iguña, Vicente Sánchez, anunció que su grupo ha presentado una denuncia contra el alcalde del municipio, el regionalista Pablo Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, otro de falsedad en documento público y otro de fraude para la obtención indebida de subvenciones públicas.

La denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción de Torrelavega, despliega todas las sospechas imaginables en torno a la firma, por parte del alcalde, de diversas órdenes de pago por la ejecución de unas obras en la Casa Consistorial cuando éstas según consta en la denuncia no estaban terminadas. El objetivo, afirman los populares, era aparentar el cumplimiento de las condiciones de una subvención.

Arenas de Iguña, feudo del Partido Popular desde la primera legislatura democrática, quedó las pasadas elecciones en manos de la coalición formada por regionalistas y socialistas, que entregó el bastón de mando a Pablo Gómez. Quien fuera durante largo tiempo primer teniente de alcalde, es el mismo que anuncia ahora la ofensiva contra el alcalde al que, según fuentes del propio Partido Popular, habrían intentado convencer para que rompiera su alianza con los socialistas ofreciéndose a cambio como apoyo de Gobierno. Cerrada esa puerta, la Corporación afronta ahora un proceso judicial ante el que Gómez se muestra preocupado y sorprendido. «Todo lo que he hecho está respaldado por las certificaciones de los técnicos municipales». Cuando llegó al Gobierno, explicó ayer, «nos encontramos con esa obra ya en marcha: la colocación de un ascensor para que los ciudadanos con problemas de movilidad puedan acceder a la primera planta del Consistorio, en donde se encuentran las oficinas municipales y, aunque falta una conexión eléctrica, recibimos la obra para no perder el dinero que nos habían concedido para realizarla porque, entre otras cosas, de otra forma no podríamos pagarlo», relata, lamentando verse implicado en un proceso, como mínimo, desagradable. «A ver qué pasa con todo esto», se pregunta añadiendo que es nuevo en asumir responsabilidades en el Ayuntamiento y que confía en haber actuado de manera correcta en todo momento.

Los argumentos

En el texto de la denuncia se recoge que, con fecha 23 de diciembre de 2011, se dictó un decreto de Alcaldía en el que se aprobaba el pago de dos facturas por importe de 79.127,15 euros (30.488,55 euros y 48.638,60 euros), satisfaciendo unas obras que, según dicho decreto, se habían ejecutado en la Casa Consistorial. Éstas se correspondían a los gastos realizados por inversiones al amparo de una subvención para financiar gastos en obras realizadas por municipios. Sin embargo, según se hace constar en la denuncia, en marzo de 2012 las obras no estaban todavía ejecutadas, como prueba el acta notarial levantada al respecto y, por esa razón, la orden del alcalde de efectuar el pago fue objeto de reparo por la Intervención del Ayuntamiento, a pesar del cual el importe fue satisfecho, según el PP. En opinión de Vicente Sánchez, «ese decreto de Alcaldía respondía al único fin de aparentar el cumplimiento de las condiciones de la subvención, puesto que el Ayuntamiento de Arenas de Iguña debía justificarlas antes del 31 de diciembre».

El portavoz del PP de Arenas expone en su denuncia que cuando se preguntó al alcalde al respecto en la sesión plenaria celebrada en febrero de 2012, la respuesta de Pablo Gómez fue que «las obras no siempre se certifican por ejecución, se califica en base al estado de ejecución de las obras y al acopio de materiales necesarios». Pero lo cierto, según incide el portavoz del PP, es que «el importe satisfecho ascendía al total presupuestado de la obra, que más de tres meses después de haberse pagado continuaba en ejecución».

También en Riotuerto

El portavoz del PP afirmó ayer que en vista de los hechos, se ha sentido «en la obligación legal» de formular una denuncia ante la Justicia. Y algo similar parece haber ocurrido este mismo fin de semana en Riotuero, en donde los populares, ahora la frente del Gobierno municipal, remitieron el viernes a la Fiscalía la documentación sobre las obras ejecutadas para remozar y cubrir la bolera de La Encina, ubicada en La Cavada, durante el anterior gobierno municipal del PRC, que presidía Alfredo Madrazo, «ante la posibilidad de que existan un delito urbanístico y contra la Hacienda Pública».