El asesor del Gobierno en la compra del Racing afirma que se desoyeron sus consejos

El abogado que asesoró al Gobierno del PRC-PSOE en la compraventa del Racing ha asegurado ante la Comisión de Investigación sobre Cantur que el Ejecutivo desoyó sus recomendaciones, a pesar de las advertencias que realizó en torno a los riesgos derivados de la falta de garantías de la operación.

Ángel Varela, socio del bufete de abogados Gómez Acebo y Pombo, que compareció ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión del bipartito en la sociedad pública, ha dejado bien claro que el Ejecutivo no siguió sus orientaciones, sino las del comprador, es decir, las del magnate indio Alí Syed. Y ha precisado más. Según su testimonio, si se hubieran respaldado sus indicaciones, se habrían «minorado los impactos negativos» de la operación para el cliente, es decir, para la sociedad pública Cantur, que ha perdido cinco millones de euros.

Pero ¿cuál fue ese mapa de riesgos trazado por Acebo y Pombo? El asesor jurídico propuso que el levantamiento de la pignoración de las acciones de Cantur sobre el Racing se hiciera sólo si estaba avalado por el «importe total» de la operación, siete millones de euros. Sin embargo, sólo se firmó un aval de 490.000 euros y otro de 1,5 millones, que son las únicas cantidades que ha podido recuperar Cantur. «Levantar una garantía es perderla», enfatizó el letrado, cuyas recomendaciones cayeron en saco roto en el Gobierno.

También orientaron al Ejecutivo en la necesidad de elevar a escritura pública todos los documentos privados firmados en el ya famoso encuentro de Zurich, celebrado el 28 de enero de 2011. Los asesores jurídicos propusieron hacerlo en la reunión ante notario que se celebró al día siguiente en Santander, en el mismo acto en que Cantur renunció a la prenda sobre sus acciones. Pero no se hizo, por lo que, a su juicio, el cliente corrió un «riesgo adicional».

El bufete se lavó las manos de cualquier responsabilidad en el desenlace de la operación. «Yo soy asesor, no tomo decisiones, y como asesor advertimos de los riesgos, nada más», enfatizó el letrado, cuando el diputado regionalista Rafael Pérez Tezanos cuestionó su intervención en el caso.

El artillero del PP en la comisión, Íñigo Fernández, vio frustradas sus expectativas de implicar directamente, por boca del letrado, al exconsejero socialista Ángel Agudo en la toma de decisiones. Varela explicó que fue la asesoría jurídica del Instituto Cántabro de Finanzas quien les hizo la encomienda de asesorar la operación.

Pero su interlocutor fue una júridica de este órgano, María Eugenia Gómez. No obstante, cree, aunque no está seguro, que fue el entonces director del instituto Luis Egusquiza, hombre de confianza de Agudo, quien «pudo» hacer el encargo. De esta apreciación Fernández coligió que Agudo es la «mano que mece la cuna» de una operación que ha hecho perder a las arcas regionales cinco millones de euros y ha abocado al club «al borde de su desaparición».