Cerca de un centenar de funcionarios de Justicia se concentran contra la privatización del Registro Civil

Las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia han reanudado las movilizaciones en toda España contra la nueva oleada de privatizaciones que pretende introducir el Gobierno en diferentes ámbitos de la Administración de la Justicia, en este caso sobre los registros civiles.

En Cantabria un centenar de funcionarios de Justicia se concentraron por espacio de 30 minutos en la sede judicial de Las Salesas contra la privatización del Registro civil en perjuicio claro de los ciudadanos que tendrán que pagar por una parte importante de la actividad del nuevo Registro Civil.

Por otro lado, las cuatro organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia denuncian "las mentiras y medias verdades" del Ministerio de Justicia sobre la financiación del Registro Civil.

A estas alturas, frente a lo que el Ministerio sostiene y por lo que se va conociendo del borrador de la nueva ley parte de la actividad del Registro civil que hoy es gratuita pasará a ser de pago en manos de los Registradores. El caso más relevante es el complejo sistema que establece la ley para las bodas que va a suponer retrasos en el trámite y, por supuesto, un encarecimiento del servicio que pasa de ser gratuito a ser de pago en beneficio de notarios y registradores.

Por otro lado, el proyecto de reforma del Registro civil va acompañado de otras medidas como el incremento de actos de inscripción obligatoria y el incremento del arancel o precio por el que se facturan los servicios del Registrador que incrementarán los ingresos de los Registradores por otras vías. Todo ello a cambio de que se hagan con el Registro civil, entre otras funciones.

Las organizaciones sindicales afirman que "el ahorro que dice el Ministerio que supone la privatización del Registro Civil lo vamos a pagar todos en forma de arancel a los Registradores por diferentes vías".

Frente a esta privatización del Registro civil, los sindicatos defienden que es posible "un Registro Civil público, desjudicializado, moderno, eficaz y seguro en manos de los funcionarios de los Cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia".

Los problemas del Registro civil se deben, denuncia, al abandono al que se ha visto sometido por el poder político.

"Abogamos por la modernización del Registro civil y exigimos al Gobierno que se siente a negociar para acometer este proceso aprovechando la formación y experiencia de los Cuerpos de funcionarios de Justicia vienen desarrollando desde hace más de 70 años", explican.

Por otro lado, el proyecto que se ha filtrado crea, en su opinión, incertidumbre en el futuro profesional de los miles de funcionarios destinados en los registros civiles y puede desembocar en el despido de 3.500 funcionarios interinos en toda España y el desplazamiento de unos 1.500 titulares.