El bufete Gómez-Acebo reitera que el Gobierno se apartó de sus recomendaciones en el Racing

El abogado Rubén Ferrer, que asesoró al anterior Gobierno en la operación de venta del Racing, ha ratificado hoy que los contratos finales se apartaron "en muchos aspectos" de los borradores planteados por su equipo y ha considerado que "lo ideal hubiera sido tener otro tipo de garantías".

Por ejemplo, el bufete Gómez-Acebo y Pombo, para el que trabaja Ferrer, propuso que en los contratos de la operación figurara como deudor de Cantur el Racing, no WGA Sports (la empresa de Ahsan Ali Syed), que en su opinión, debería haber sido solo fiador.

Además, los abogados apostaban por una opción de compra que pudiera ejecutar unilateralmente Cantur, sin tener que contar con WGA ni recurrir a una reclamación arbitral o una demanda judicial, tal como ha relatado Ferrer, que ha comparecido en la comisión de investigación de Cantur a través de videoconferencia, porque actualmente ejerce en Nueva York.

El bufete también propuso elevar los acuerdos a escritura pública, pero no se hizo porque, según les comentaron, "la otra parte" no estaba en disposición de hacerlo en ese momento.

Además, el abogado ha considerado que si se hubiera plasmado toda la operación en un solo contrato, no en varios, se habría facilitado para Cantur el procedimiento arbitral y judicial actual.

Ferrer ha dejado claro que Gómez-Acebo y Pombo no asesoró en las negociaciones de las condiciones de la operación, ya que el encargo fue plasmar en contratos los acuerdos que les venían "dados" por el cliente. Pero comentaron al Gobierno cántabro las consecuencias y riesgos de algunos de esos acuerdos.

El abogado, que fue quien lideró el encargo, con el apoyo de Carlos Vázquez, ha explicado que el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) pidió asesoramiento para redactar los contratos y fue quien les dio el marco definido: la cancelación de la prenda de Cantur sobre las acciones, la inclusión de un aval de 1,5 millones de euros y la vía de la opción de compra.

En su opinión, "lo ideal hubiera sido tener otro tipo de garantías", pero ése fue el resultado de las negociaciones entre las partes en las que, ha insistido, el bufete no participó.

La asunción de un mayor o menor riesgo en una operación es decisión de cliente, tal como ha recalcado el abogado que, además, ha señalado que en el bufete no vieron "en ningún momento" el contrato de compraventa entre Dumviro y WGA Sports, aunque les habría gustado.

Respecto a la falta de una cláusula resolutoria en caso de incumplimiento de alguna de las partes, la ve "innecesaria", porque ya lo contempla el Código Civil y decir lo que ya está en la ley "no refuerza la posición de las partes".

En cuanto a la estrategia del Gobierno actual, ha respaldado la vía adoptada, que cuenta con asesoramiento de su bufete.

Ferrer, que se desvinculó de la operación del Racing en junio de 2011, ha dicho que él seguiría "el mismo camino" propuesto por su despacho: la reclamación ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid para resolver los contratos.

Y ante la pregunta del PRC sobre una posible pérdida de tiempo, ha respondido que la adopción de medidas requiere "preparación y análisis" y ha matizado que el paso del tiempo "no ha perjudicado" ningún derecho de Cantur , una explicación que no convence a la diputada Cristina Pereda (PSOE), que insiste en que la "inacción" del PP puede suponer perder 20 millones de euros de dinero público.

Para el regionalista Rafael Pérez Tezanos apostar por el arbitraje, supone un "cambio de criterio" en las recomendaciones del bufete que, sostiene, en abril de 2011, en el requerimiento enviado tras el incumplimiento de Ali Syed, apuntaba a la vía judicial.

Pero Ferrer ha respondido que ésa era solo una de las opciones plasmadas en el requerimiento y que figurara la primera no implica que se considerara la prioritaria.

Se trataba, en sus palabras, de enseñar las "armas" del Gobierno, sin ser más explícitos para "no cerrar vías de actuación ni dar pistas a la otra parte".

Y por eso mismo, se ha reservado su opinión sobre la viabilidad de completar ahora la vía arbitral con una demanda para ejecutar la opción de compra sobre las acciones.

Pérez Tezanos ha lamentado que las respuestas de Ferrer parecen "condicionadas", -ha recordado que el bufete sigue asesorando al Gobierno actual-, y ha opinado que si no estaban de acuerdo con los contratos, podían haber abandonado el asesoramiento.

Por su parte, el popular Íñigo Fernández cree que el abogado ratifica "de arriba abajo" lo que dijo su compañero de bufete Ángel Varela.