El juez legitima el escrache a Calderón porque fue pacífico, sin insultos ni amenazas

Varapalo judicial al alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, y, por extensión, al Partido Popular. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrelavega ha archivado la denuncia que el regidor interpuso contra la Plataforma de Afectados por las Hipotecas por el escrache que realizó ante su domicilio el pasado jueves. Es la primera vez que un juez dicta un auto en el que se legitima este tipo de protestas, siempre que sean pacíficas. Todo ello mientras en Madrid otro juez investiga el escrache que se produjo el pasado día 5 frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría. Ayer, citó como testigos a su marido, José Iván Rosa Vallejo, y a su madre.

El alcalde de Torrelavega interpuso la denuncia el pasado viernes en la Comisaría de la Policía Nacional al considerar lo sucedido «un acoso capaz de infundir temor a mi familia y a mis vecinos». Pero el auto del juez Pablo Fernández de la Vega es contundente: «No existe indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones». En concreto, recuerda que, según lo manifestado en la denuncia por el propio alcalde, no se profirieron insultos ni amenazas, ni hacia el denunciante ni su familia. Únicamente se dice que mientras los manifestantes estuvieron ante el portal del inmueble, estuvo bloqueado el acceso, «pero no se indica la identidad de persona alguna que queriendo entrar o salir no pudiese hacerlo», precisa.

Y va más lejos. El instructor legitima la protesta pacífica en casa del alcalde. En este sentido, recuerda que Calderón debe tener en cuenta, «como destacado militante y cargo político del partido que apoya al Gobierno de la nación», los artículos 20 (derecho a la libertad de expresión) y 21 (derecho de reunión pacífica y sin armas) de la Constitución, que «legitiman a las personas denunciadas para manifestarse contra los denominados desahucios en cualquier lugar público, como puede ser la calle, ante la puerta de su domicilio, es decir, de manifestar su repulsa respecto a la política gubernamental ante las ejecuciones hipotecarias y en demanda de que se cambie, siempre que, como ha sido el caso, lo hagan pacíficamente».

El juez asegura que es «servidumbre» de todo cargo político en un régimen democrático (artículo 1.1 de la Constitución) «soportar» pacíficamente las molestias que le pueden causar este tipo de actos, «ya que también se aprovecha las indudables ventajas de serlo, de modo que la protección del honor disminuye (la persona que acepa su carácter público, acepta también los riesgos que conlleva), y la de la intimidad, aunque no totalmente, se diluye». El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 se apoya también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Contra la resolución del juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días. El alcalde de Torrelavega dijo ayer que aún no ha decidido si lo hará.

El primero

Calderón se convirtió hace una semana en el primer político cántabro en sufrir un escrache, práctica que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha llegado a comparar con el «nazismo puro». Lo que empezó como una protesta de un grupo de afectados por los desahucios ante la sede del Partido Popular de Torrelavega, terminó con otra de cinco minutos frente a su casa. Unas treinta personas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se concentraron ante la sede del Partido Popular, que estaba cerrada.

Minutos después hicieron un recorrido por varias entidades bancarias de la ciudad y se presentaron en el portal de la vivienda de Calderón. Como habían hecho previamente frente a la sede del PP, desplegaron una pancarta en la que se podía leer «ni una casa sin gente, ni gente sin casa» y gritaron el «sí se puede» que venían entonando durante toda la marcha. Hubo críticas a la aprobación en el Congreso de la nueva Ley antidesahucios sin incluir la dación en pago ni ninguna de las propuestas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular o las alegaciones de los partidos de la oposición. Frente a la casa del alcalde, que no se encontraba en ese momento en su domicilio, la concentración se desarrolló de forma pacífica y sin insultos.

Al día siguiente, el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, avisó de que «no se va a permitir el acoso ni coacción a ningún político» y anunció que había pedido a la Policía un «informe exhaustivo» para conocer si hubo alguna infracción en el acto de protesta que convocó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Samuel Ruiz dejó claro que la movilización frente al domicilio del alcalde fue un acto «ilegal» porque no había sido comunicado a la Delegación del Gobierno.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, enmarcó la protesta en «una campaña de la izquierda nacional para intentar desestabilizar a responsables del PP». Diego aprovechó para sacar pecho por la política del Partido Popular y criticó la reacción de una «minoría», un «pequeño grupúsculo al que sólo le mueven intereses políticos». Mostró su apoyo al alcalde de Torrelavega y especialmente a su familia, a su mujer y su hija pequeña de 12 años que se encontraban en el domicilio en el momento del escrache: «Que los hijos de los señalados tengan que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser una acción política amparada por la libertad de expresión», aseguró el presidente.