Marcano se querella contra Diego por implicarle en la supuesta trama de corrupción en Cantur

La investigación parlamentaria sobre la gestión de Cantur durante el Gobierno de PRC-PSOEha llegado ya a los tribunales de manera colateral, y no lo ha hecho de la mano del partido que impulsó las indagaciones, el PP, sino por iniciativa del exconsejero de Cultura y diputado regionalista, Francisco Javier López Marcano.

El dirigente del PRC presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) una demanda de conciliación, acto previo a la querella criminal, frente al presidente Ignacio Diego, al que acusa de un presunto delito de injurias y calumnias por sus últimas declaraciones, en las que le implicó en una supuesta trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones ilegales.

Cansado ya de que se le relacione con corruptelas y cohechos, unas alusiones que alcanzaron su punto máximo el viernes, cuando Diego dio por hecho el cobro de mordidas en Cantur en la etapa en que López Marcano era su máximo responsable, el vicesecretario general del PRC ha decidido tomar la iniciativa judicial para exigir al jefe del Ejecutivo que «se retracte de las expresiones calumniosas e injuriosas» vertidas contra él.

De manera que, o Diego se excusa ante el ofendido por su comportamiento, cosa improbable, o interpondrá una querella por injurias y calumnias. En esta conciliación previa, un requisito legal antesala de la querella, López Marcano exige también una indemnización simbólica de un euro por los daños y perjuicios morales causados. Dice el regionalista que lo único que pretende con esta acción es que sea restituido su honor «mediante la retractación y excusa» de Diego y «no otra cosa».

En el acto de avenencia no tendrán que verse las caras ofensor y ofendido. Bastará con que los procuradores de cada uno de ellos expongan en la oficina judicial sus posiciones.

Es la primera vez que el regionalista acude a los tribunales en defensa de su honor, a pesar de que en la anterior legislatura fue imputado y después exculpado de las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de la cueva de El Soplao, promovidas por un particular. El mismo tribunal, el TSJC, le exoneró después cuando Arca y la Plataforma para la Defensa del Sur le acusó de prevaricar en el proceso de instalación del aerogenerador de Vestas en el Monte Cotío.

Pero, ahora, cree que se ha ido demasiado lejos al implicarle en tramas de corrupción, una acusación que nace en la comisión parlamentaria sobre la gestión de Cantur por boca del PP. Allí, su portavoz Carlos Bedia sacó a colación una investigación judicial por cohecho, en la que uno de los imputados revelaba que el entonces consejero cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de obras. Sin embargo, el diputado popular silenció que el caso fue archivado y que la juez no dio crédito alguno a las imputaciones.

Aun así, el presidente Diego insistió el pasado viernes en esas acusaciones, asegurando que la presunta trama de cobros ilegales en Cantur le «asusta y avergüenza», a pesar de ser conocedor de que López Marcano «no había sido objeto de investigación alguna, ni fue llamado a declarar». En su escrito, el diputado regionalista dice que el jefe del Ejecutivo «retorció» las declaraciones de testigos e imputados, a sabiendas de que la causa estaba archivada, y «con conciencia de la absoluta falsedad de sus afirmaciones, no dudó en imputarle un delito de cohecho, dando por ciertas unas declaraciones que la juez consideró inconsistentes».

En su escrito, el regionalista argumenta que las declaraciones que hizo Diego «no son meras opiniones, ni tienen un contenido claramente político». Tampoco pueden justificarse en el derecho a la información, al interés público o a la crítica política, porque «no son veraces» y «sólo se busca el escándalo y atentar contra la dignidad, integridad y prestigio» del diputado del PRC.