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En las indemnizaciones por la autovía del agua

El PRC denuncia indicios de malversación en la gestión de la Junta Vecinal de Lamadrid

Acusa a la presidenta de realizar pagos por aprovechamientos en montes a vecinos que no tienen reconocida la titularidad de los terrenos

Lucía Alcolea

Martes, 3 de septiembre 2013, 20:53

El vocal del PRC en la Junta Vecinal de Lamadrid, Antonio González Sañudo, denunció ayer a través de una nota de prensa un posible delito de malversación de fondos públicos en la Junta Vecinal de Lamadrid (Valdáliga), presidida por la teniente alcalde de Agrupación Valdáliga Independiente (AVI), Rosa Isabel Gutiérrez, por realizar pagos, correspondientes a aprovechamientos de los montes de utilidad pública, a vecinos que no tienen reconocida oficialmente la titularidad de los terrenos.

Los regionalistas responsabilizan de esta irregularidad a la presidenta de la Junta, con responsabilidades de gobierno en la pedanía desde 2007. Según informó ayer el vocal del PRC, los pagos fueron realizados en 2011 y corresponden a las cantidades abonadas por el Gobierno de Cantabria por las expropiaciones y ocupaciones realizadas en montes de utilidad pública para la construcción de la autovía del agua.

Antonio González asegura que dado que los vecinos que tradicionalmente habían ocupado esos terrenos no tenían reconocida su propiedad, la Junta Vecinal decidió en un primer momento abrir una cuenta bancaria para depositar el dinero, en tanto se buscaba una solución para acreditar la propiedad de los terrenos. Sin embargo, expone el vocal, cerca de las últimas elecciones municipales y locales, la presidenta vecinal procedió, en abril de 2011, al reparto del 80% de la indemnización entre algunos vecinos del pueblo.

Desde el PRC consideran que dicho reparto se realizó con claras pretensiones electoralistas y de una forma ilegítima e ilegal, por lo que puede existir un delito de malversación de fondos públicos, expresa el vocal. Asimismo, también denuncia irregularidades en el uso agrícola de parcelas consorciadas de un monte de utilidad pública, dado que los consorcios se encuentran caducados y existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en contra de la pretensión de la Junta Vecinal de descatalogarlos.

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