Marcano pide que se archive la causa de la casa de los gorilas de Cabárceno porque no ve delito

El diputado regionalista Javier López Marcano ha solicitado el archivo de la causa en relación a la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno porque, desde su punto de vista, el proceso se ajustó a la legalidad y, en todo caso, podría haber alguna infracción administrativa, pero no un delito.

Ése es uno de los argumentos que el diputado y exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte pretende hacer valer en el recurso que ha presentado contra el auto que le imputaba un posible delito de prevaricación administrativa en ese proyecto.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, los representantes legales de López Marcano piden al magistrado instructor de las diligencias, Juan Piqueras, que revoque su auto y acuerde el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, tanto contra el exconsejero como contra Diego Higuera, también imputado porque por entonces era director general de Cantur.

Piqueras, uno de los tres magistrados que conforman la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha imputado a López Marcano y a Higuera por presunta prevaricación administrativa.

En concreto, les responsabiliza de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos para la obra sin ajustarse a las exigencias legales de publicidad y libre concurrencia, y también de construir sobre suelo no urbanizable sin tener autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ni licencia.

En el recurso se rebaten esas afirmaciones y se subraya que se actuó pensando siempre que la actuación estaba "plenamente dentro de los márgenes del derecho" y que se estaba "sirviendo a una causa justa y adecuada".

A juicio de los abogados, "como máximo" se podría hablar de una "infracción administrativa", incluso, una "irregularidad" en este ámbito, pero "en ningún caso" de un delito.

En el caso de las cuestiones urbanísticas, el recurso señala que el concepto de suelo no urbanizable no figura en la Ley del Suelo cántabra.

Y además, añade que la propia ley prevé excepciones en las que se permite construir en suelo rústico de especial protección -como el de Cabárceno-, como se demuestra, a su juicio, en las más de 30 construcciones que existían ya en el parque en ese momento.

Según indica el escrito, lo que se exige en esos casos es cumplir una serie de trámites y procedimientos que en este caso, "aunque tarde", se siguieron.

Por lo que respecta a la contratación del proyecto y de las obras, el recurso considera que ni siquiera hay infracción administrativa, porque, en su opinión, aunque no se convocara una licitación pública, se respetaron los principios de publicidad y concurrencia.

Y es que, según dice, esos contratos se adjudicaron en el año 2007, cuando todavía no había entrado en vigor la nueva ley de contratos del sector público (se empezó a aplicar en mayo de 2008), que es más restrictiva con las empresas públicas.

Es más, el recurso explica que, a raíz de la entrada en vigor de la nueva normativa, Cantur redactó unas instrucciones de contratación, firmadas por el propio López Marcano , con condiciones más restrictivas que las de la propia ley.

Pero hasta ese momento, en el recurso se explica que "ni una sola" de las obras ejecutadas en el parque de Cabárceno había salido a licitación pública.

Por todo ello, en el recurso del consejero, que se presenta también en nombre de Higuera (por enfermedad de su abogado), se pide al magistrado instructor que admita el recurso de reforma y archive la causa.

Y en su defecto, se solicita que se eleve recurso de apelación al TSJC (lo examinaría entonces el conjunto de la sala, no sólo el instructor).