Cantabria se dota de una Ley de Cooperativas para crear nuevas oportunidades

El pleno del Parlamento cántabro ha aprobado este lunes la primera Ley de Cooperativas de la comunidad autónoma, una norma que pretende flexibilizar los requisitos para crear estas sociedades y aspira a ser un "germen de oportunidades" de empleo, de trabajo estable y de futuro.

El texto ha salido adelante con los votos favorables del PP y el apoyo parcial de PRC y PSOE, que sólo han respaldado algunos artículos y han votado en contra de algunas partes en las que proponían enmiendas que han sido rechazadas.

El consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, -que sustituye a la titular de Economía, Cristina Mazas, por su baja maternal-, ha explicado que la ley responde a la necesidad de un proyecto "moderno, del siglo XXI" para regular este sector, que se rige hasta ahora por una ley estatal de 1999.

Supone "flexibilizar" los requisitos de la normativa básica del Estado para favorecer este modelo de negocio que, según dice, ha aportado empleo y crecimiento en épocas de bonanza y ha demostrado su capacidad de mantenimiento en momentos de crisis.

Rodríguez ha señalado la oportunidad que representan las cooperativas en un momento en el que hay ventajas fiscales y ayudas específicas para entidades de la economía social.

Y ha destacado el margen que tiene la comunidad en este ámbito, porque sólo el 0,26 % de las sociedades constituidas en la región siguen el modelo de cooperativa, frente a un peso del 0,68 % en España.

También la diputada regionalista Eva Bartolomé ha señalado el escaso desarrollo de estas entidades en Cantabria , con unas 70 cooperativas en la actualidad.

Una idea que ha refrendado el socialista Juan Guimerans, quien ha opinado que una ley, por sí misma, no va a impulsar la creación de cooperativas, porque se requiere también formación y difusión.

Una formación que el portavoz popular, Eduardo van den Eynde, está convencido de que se va a impulsar desde el Gobierno.

Aunque han dejado patentes diferencias respecto al contenido del texto, todos los grupos coinciden en las ventajas que representan las cooperativas.

Van den Eynde ha dicho que son un modelo "más resistente", aunque no "inmune" a los "avatares" y dificultades económicas; y Bartolomé ha añadido que se adaptan mejor a las circunstancias adversas.

Guimerans, por su parte, ha destacado su vinculación al territorio, lo que las convierte en "antídoto" a la deslocalización.

El PP ha subrayado la flexibilización que supone esta ley para favorecer la creación de cooperativas, pero socialistas y regionalistas proponían ahondar más en ese camino.

Para ello, la oposición presentó 43 enmiendas en el trámite parlamentario, de las cuales, el PP sólo ha admitido siete (todas ellas del PRC, ninguna del PSOE).

Los populares alegan que, en algunos casos, esas enmiendas suponían una flexibilización "excesiva" o "desvirtuar" los principios de las cooperativas hasta el punto de no distinguirlas de otras sociedades mercantiles.

Como respuesta, los grupos de la oposición no han apoyado parte de los artículos afectados por esas enmiendas.

El PSOE ha votado en contra de todos los artículos que proponía modificar con sus 18 enmiendas, y ha cuestionado el consenso que defiende el PP, no sólo por el rechazo a sus propuestas, sino también por las "graves reticencias" que plantean algunos cooperativistas.

Y el PRC ha votado en contra de varios artículos, pero no de todos en los que ha visto rechazadas enmiendas. Entre otros, ha votado en contra del artículo que regula el fondo de reserva obligatorio, que abogaba por flexibilizar para poder destinar más porcentaje a inversión.

La Ley de Cooperativas de Cantabria fija en tres el número mínimo de socios para crear una de estas entidades y lo rebaja a dos para cooperativas de trabajo.

El porcentaje de socios que pueden estar contratados como trabajadores por cuenta ajena podrá alcanzar el 60 %, el doble de lo permitido por la ley básica estatal.

El capital social inicial deberá ser de al menos 3.000 euros, pero se podrán desembolsar en cuatro años, aportando al menos una cuarta parte (750 euros) al constituirse.

La ley también flexibiliza algunas exigencias relativas a las auditorías o el fondo de reserva obligatorio que se debe dotar para hacer frente a posibles pérdidas.