Sacyr anuncia la suspensión de las obras de ampliación del Canal de Panamá a causa de los sobrecostos

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, anunció hoy que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactos inicialmente en el contrato. Esta ampliación del Canal de Panamá , con un importe de 3.118 millones de dólares (unos 2.243 millones de euros), es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia.

Según se indica en la nota, el consorcio "no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas específicas que la ACP ha rehusado discutir hasta la fecha".

La empresa española se hizo en 2009 con las obras concurriendo en una UTE con la italiana Impreglio, la holandesda Jan de Nul y la panameña CUSA. Se impusieron en la licitación en un reñido concurso con un grupo americano y otro español en el que participaban ACS y FCC. La adjudicación de la ampliación no estuvo exenta de polémica ya que los perdedores acusaron a Sacyr de haber presentado una baja temeraria en el precio de la obra. La Autoridad del Canal había presupuestado las exclusas en 3.481 millones de dólares y Sacyr pujó con 3.118 millones. El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares.

El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP y otra en diciembre de 850 millones.

Ahora la ACP dispone de un plazo de 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados, aunque mientras tanto los trabajos continuarán con normalidad, según GUPC, que está integrado además por la constructora belga Jan de Nuil y la panameña Constructora Urbana.

La Autoridad del Canal ha rechazado esta tarde las presiones de Grupo Unidos por el Canal (Gupc) ya que consideran que esta maniobra tiene como "único propósito de forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas". "No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", ha indicado el administrador de la ACP, Jorge L. Quijano.

Según el contrato, el contratista puede presentar su reclamo en primera instancia ante la ACP, si no se resuelve puede acudir a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y por como última instancia apelar a un arbitraje internacional.

La ACP recalcó este miércoles que de acuerdo con el contrato, "la intención de suspensión no implica una terminación o abandono del proyecto", por lo que "confía también en que el contratista tenga la capacidad de cumplir los compromisos pactados".

"De no ser así, la ACP pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra (...) que GUCP ha indicado con anterioridad que en lugar de terminar en octubre de 2014, como estaba pactado en el contrato, serán terminadas en junio del 2015", indicó el comunicado oficial.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ya dijo el pasado diciembre que ese organismo estaba en capacidad de asumir las obras de ampliación en caso de que el consorcio abandonara el proyecto.

Grandes problemas financieros

En la carta remitida a la ACP, administradora del canal , el consorcio reitera que esta se encuentra "al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al mas alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto". Asimismo, se indica que, a pesar de que ambas partes han llegado a acuerdos, el administrador "ha decidido no honrar dichos acuerdos".

Además, GUPC ha acusado a la ACP de haber "fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato", por ejemplo en relación con "la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".

Según el grupo empresarial, la ACP "ha forzado al contratista a renunciar a varios de sus derechos" y, sobre todo, "ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", algo que, según ha apuntado "ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura".

Falta de colaboración por parte de la ACP

En el comunicado, GUPC niega "cualquier tipo de presión" a la ACP y asegura que siempre ha estado "dispuesto a colaborar" para hallar "una salida dialogada para poder terminar la obra en el menor tiempo y costo posible". En cambio, la Administración "ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos", añade.

Ante los requerimientos del consorcio, la ACP optó por "ignorarlos", motivo por el cual GUPC acabó llevando sus reclamaciones a la Junta de Resolución de Disputas, "lo que significa una inversión para el consorcio de tiempo y dinero adicional", indica el comunicado.

Por todo ello, el grupo liderado por Sacyr e Impregilo anuncia que ha decidido entregar la carta de preaviso y recuerda que, según establecen las leyes panameñas, "en caso de privación las partes deben equitativamente rectificar los términos del contrato para conseguir un justo balance". "Si la reactivación no se hace, el contratante está en posición de determinar el fin del contrato", agrega.

No obstante, el consorcio ha expresado su deseo de que en los próximos 21 días la ACP "cumpla con los requerimientos presentados" a fin de que se pueda continuar con la obra en "lo que supondría la alternativa con menor coste y en el menor tiempo posible de ejecución".

Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance de 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%. El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP.

Las peticiones señalan que el retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas, lo que generó mayores costos.

Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedo como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional.

En diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otra reclamación, por valor de 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que, dada la complejidad del mismo "tomará bastante tiempo resolverlo".

El consorcio, en el comunicado difundido hoy, indica que "Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".

"GUPC entiende que el Administrador ha incumplido las propias normas y regulaciones establecidas por la ACP en el propio contrato (...) ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", indicó el comunicado oficial.

La administración de Quijano es acusada por el consorcio de hacer supuestamente "todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos".