Los nueve investigadores de la cueva

Un equipo de nueve científicos, dirigido por el francés Gaël de Guichen, ha trabajado desde septiembre de 2012 para evaluar las condiciones de la cueva de Altamira. En ese tiempo se han desarrollado cinco proyectos de investigación que han abarcado cuestiones técnicas sobre conservación, accesibilidad e impacto social, con un coste de medio millón de euros. El Patronato de Altamira calculó a principios de agosto de 2012 que el estudio se prolongaría durante 24 meses, pero la investigación ha tenido finalmente una duración de 16.

El equipo científico ha estado encabezado por el especialista en conservación preventiva Gaël de Guichen, encargado durante dos años de la conservación de la cueva de Lascaux (Francia) y consejero del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (Iccrom), una organización intergubernamental creada por la Unesco. Además, la coordinación general del programa se ha llevado a cabo desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), bajo la supervisión de la física Marián del Egido, jefa del área de Investigación y Formación del IPCE y vicepresidenta del Consejo del citado Iccrom. La nómina del equipo completo que ha integrado los proyectos de trabajo se constituyó hace apenas dos semanas y, tras una primera reunión, ha empezado ya sus respectivos trabajos.

Los encargados de dar luz verde al Patronato de Altamira han desarrollado el denominado Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira, en cuyo marco se han ejecutado cinco proyectos con diferentes grupos de trabajo cada uno, lo que ha supuesto la participación de más de 40 especialistas en distintas materias. Además, en el estudio se han ejecutado actuaciones de técnicos del IPCE, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo de Altamira, la Universidad de Cantabria y la Subdirección General de Museos Estatales, entre otras instituciones, sin olvidar el asesoramiento externo recibido de otros especialistas.

La elaboración del programa, cuyo coste ha sido financiado en su integridad por la Secretaría de Estado de Cultura, fue decidida en el pleno del Patronato del Museo de Altamira reunido el 4 de agosto de 2012 en Santander. Su puesta en marcha supuso el inicio de una investigación prevista inicialmente para dos años, cuyas conclusiones debían aclarar las posibilidades de conservación de la capilla sixtina del arte rupestre, cuyo régimen de acceso «está condicionado a ofrecer una garantía para su sostenibilidad, conservación, preservación y continuidad», según el propio Patronato. La investigación nació con el objetivo «esencial y prioritario» de «determinar el impacto que la presencia humana tiene sobre la conservación de las pinturas rupestres y elaborar un plan de conservación preventivo» con el fin de decidir «si es compatible su adecuada conservación con un régimen de acceso a la misma».

El estudio, aunque novedoso, ha tenido en cuenta también «el conocimiento previo acumulado» en los trabajos y actuaciones del Instituto de Patrimonio, del CSIC y de la Universidad de Cantabria.