El Gobierno deroga el único permiso regional de fracking en Cantabria

El presidente del Gobierno regional ha empezado la rueda de prensa de esta mañana proponiendo un titular a los periodistas: "El Gobierno Diego anula el permiso que dio el Gobierno Revilla". Se refería a la autorización llamada 'Arquetu', la única de las operativas para utilizar la fractura hidráulica en la región cuyo ámbito es estrictamente autonómico (el resto están concedidas por el ministerio, al afectar a varias comunidades). La Administración regional la concedió en abril de 2011, a petición de la empresa Trofagás Hidrocarburos (hoy, BNK España). La búsqueda de gas pizarra englobaba a los municipios de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. "El corazón de Cantabria", ha resumido Diego.

Cinco colectivos recurrieron la decisión al mes siguiente, lo que conllevó la suspensión temporal de la licencia, suspensión que ahora el Gobierno convierte en derogación al aceptar tres de ellos. "El permiso de investigación queda anulado y se declara ilegal", ha sentenciado el presidente. A la empresa le queda ahora la vía judicial, si quiere establecer un litigio, ya que el Ejecutivo ni siquiera considera que su resolución implique una indemnización. Si acaso, por la demora, según ha apuntado el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández. El Consejo de Gobierno refrendará la decisión por escrito esta tarde.

La derogación pretende establecer "una doctrina" y "dejar claro a todos los operadores cuál es el régimen jurídico" que a partir de ahora seguirá la comunidad con el fracking. Tras haber quedado suspendida la ley autonómica que prohíbe dicha ingeniería desde 2013, a causa del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Estado, la consejería ha decidido empezar aplicar su plan B: impedir la fractura hidráulica con las leyes urbanísticas vigentes, y en especial con el requerimiento a los terrenos afectados de una calificación de "suelo rústico de especial protección minera", que ni disfrutan, ni Medio Ambiente está dispuesta a conceder. Éste ha sido el argumento para aceptar los recursos contra 'Arquetu', y que intentará aplicar al resto de permisos concedidos por el ministerio, donde realmente reside la duda última de esta estrategia.

Diego no alberga ninguna, sin embargo. "El Gobierno se basa en la jurisprudencia claramente establecida por los tribunales de nuestra región", ha subrayado. De paso, ha adjuntado una reivindicación propia. "El único partido político regionalista en Cantabria es el Partido Popular, porque es el partido que cuando gobierna, gobierna atendiendo exclusivamente a los intereses de los cántabros. Este gobierno tiene el orgullo de defender, por encima de la opinión de nuestro partido a nivel nacional, los intereses de los cántabros". Por contra, "socialistas y regionalistas hicieron lo que les dijeron en Madrid", y volverían a hacerlo si recuperase en el poder, ha añadido.

La crítica ha alcanzado a los sindicatos. "Los hermanos menores de socialistas y regionalistas, los sindicatos de Cantabria, la izquierda de Cantabria, hacen lo que les sugieren en Madrid. Esto es, apoyar el fracking aunque su contestación social sea mayoritaria.

El Gobierno ha tardado casi tres años en resolver los recursos contra 'Arquetu' por la propia tramitación burocrática, según ha admitido el consejero, pero también por aguardar a ver si la ley permanecía en pie sin embestida del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cosa que no sucedió.