El cambio de gestión en el Registro Civil dejará sin este servicio a 90 municipios cántabros

Cualquier ciudadano de Cantabria tiene acceso presencial en su municipio a los servicios del Registro Civil: bodas, inscripción de nacimientos, defunciones, adopciones, tutelas, nacionalizaciones, etc... Y lo tiene bien a través de los ocho partidos judiciales o de los Juzgados de Paz que existen en cada ayuntamiento. Pero este panorama puede cambiar drásticamente si el Ministerio de Justicia aprueba el proyecto por el que se entregará a los registradores de la propiedad el control y la administración de los Registros Civiles. Los cántabros pasarían de tener la posibilidad de hacer los trámites en su municipio a tener que hacerlos en los 16 registros de la propiedad que funcionan en solo doce municipios la región. De un plumazo, 90 ayuntamientos y sus vecinos se quedarían sin este servicio.

El ministerio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón ha ofrecido diversas versiones sobre esta suerte de privatización de los registros civiles, sin aclarar de manera fehaciente otra de las cuestiones claves: si algunos de los trámites que ahora se realizan de manera gratuita acabarán costando dinero a los ciudadanos.

El presidente de Cantabria , Ignacio Diego , ha afirmado este martes que la propuesta del Ministerio de Justicia busca "reducir costes en la tramitación" y conseguir una administración pública "más eficiente y menos costosa". "Si esta norma consigue ese objetivo, me parece bien, ahora hay que ver que efectivamente se consigue, el Gobierno central así lo considera", ha dicho Diego en respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre esta medida.

Diego ha señalado que "para que España sea más competitiva, hay una premisa, y es que la administración sea más ágil y más eficiente, es decir, que cueste menos". Al tiempo, ha recordado que la administración "no la mantiene la divina providencia, sino que la mantenemos entre todos los usuarios", con lo que "el coste más reducido de la administración beneficia siempre al usuario".

El coste social de la medida

Además de la cuestión económica, el cambio de los registros civiles puede tener un alto coste social para los usuarios, en términos de la cercanía del servicio. Cantabria cuenta con ocho Registros Civiles en las cabeceras de los partidos judiciales, servidos por 22 funcionarios. En todos los municipios de Cantabria hay, además, un Juzgado de Paz, entre cuyas competencias se encuentra la llevanza de un registro civil. Es decir, cada vecino de Cantabria tiene un Registro Civil a su disposición, con horarios establecidos en su municipio.

Por contra, los Registros de la Propiedad se encuentran en las cabeceras de partido judicial (hay ocho en la región) a las que se suman, Potes, Ramales y Villacarriedo. En total, doce municipios.

El proyecto del Gobierno central ha cosechado un rechazo radical entre los sindicatos de Justicia. Borja Bats, de Comisiones Obreras, sostiene que «suponiendo que el Ministerio de Justicia adjudicara el servicio del Registro Civil a todos los registradores de la propiedad, el perjuicio que se infringirá a los ciudadanos, tanto en coste como alejamiento del servicio, es fácilmente previsible». El sindicalista cree que «esta alternativa supondría un atraco en toda regla a los ciudadanos, pues se efectuaría después de una inversión de alrededor de 118 millones de euros que se dedicó a la digitalización de las inscripciones practicadas desde 1950 en los registros civiles de los municipios más poblados, digitalización que hoy permite que a los ciudadanos que acuden a las oficinas del Registro Civil se les pueda entregar en el acto la mayoría de las certificaciones que solicitan». Para Bats, el asunto de los Registros Civiles es un auténtico no problema de la Justicia. «Funcionan bien, están casi informatizados al completo, los ciudadanos no tienen quejas y no les cuesta nada». «¿Por qué cambiar algo que funciona?», se pregunta entonces.

Adaptación

La situación actual de la Ley del Registro Civil es cuando menos confusa. Promulgada en 2011, tenía tres años de vacatio legis para facilitar la adaptación de los registros a su aplicación. La ley del Gobierno Zapatero desjudicializaba este servicio traspasándolo del control de los jueces a otro cuerpo de funcionarios públicos que no se especifica. Y lo hacía con un interés definido: restar trabajo a los jueces.

Entonces se dijo que los funcionarios sustitutos podrían ser los secretarios judiciales. Ahora, en una versión más radical que intenta aplicar Gallardón, los registradores de la propiedad, un cuerpo de funcionarios especial que no cobra de las arcas públicas sino de los aranceles que aplica por los trámites que realiza.

Y pese a que todas las fuentes implicadas consideran inminente una decisión la vacatio legis termina el 21 de julio de este año ni siquiera los registradores están de acuerdo y destacan las incertidumbres actuales del proceso.

Ricardo Mantecón, registrador de Solares y decano del colegio en Cantabria, insiste en recordar dos cuestiones que considera fundamentales y que fueron aprobadas en asamblea cuando estalló una polémica en parte vinculada a la circunstancia de que Mariano Rajoy es registrador de la propiedad. En aquella asamblea se aprobaron varios puntos que trataban de aclarar la posición de los registradores. Primero, que «el Colegio de Registradores de España no ha pedido asumir el servicio de los Registros Civiles en ningún momento y no quiere hacerlo». Y, segundo, que «solo se aceptará esta propuesta si la aprueban las Cortes y hay un consenso general de las fuerzas políticas y sociales para cambiar el status del Registro Civil».

Gratuito

Sobre este cambio de gestión sobrevuela la otra cuestión clave. El Registro Civil es hasta ahora gratuito para los ciudadanos y sobre esta circunstancia lo único que ha dejado claro en las últimas semanas el Ministerio de Justicia es que no se cobrará por las inscripciones de nacimientos o defunciones, lo que, indirectamente, quiere decir que es posible cobrar por todo lo demás, especialmente por la emisión de certificados.

En este asunto, Mantecón también recuerda otra de las decisiones de aquella asamblea: «Que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones». Es decir, que se cobre arancel por todo lo demás.

«No podemos asumir el coste de llevar el registro de modo gratuito», sostiene Mantecón. Además, se olvida que ahora el registro no es gratuito, sino que lo pagan los Presupuestos Generales del Estado. No se deben confundir las cosas: a los usuarios no se les cobra, pero el servicio que se les presta cuesta dinero, desde los sueldos de los funcionarios a los costes de funcionamiento y dotaciones». Mantecón relaciona directamente este cambio de gestión con cuestiones económicas: «Está claro que el Gobierno no tiene dinero para reformar el servicio y hacerlo más moderno y quiere que nos encarguemos nosotros, pero eso es inviable si se mantiene su carácter gratuito».

El decano cántabro sostiene, además, que en el asunto de los posibles aranceles del Registro no hay nada claro. «A veces oímos cifras, pero yo no he visto, ni aquí ni en Madrid, ningún plan, proyecto o estudio sobre cuánto y cómo se cobraría a los usuarios por los múltiples trámites que se realizan en los Registros Civiles».

Fuentes del Gobierno se han referido en los últimos meses a este asunto insinuando que quedarán fuera del cobro de aranceles los certificados de nacimiento y defunción, que suponen dos tercios de los trámites que actualmente realizan los Registros Civiles. La cifra anual de trámites asciende a 1,4 millones, de los que aproximadamente dos tercios corresponden a certificados de defunción y nacimiento, con 450.000 cada uno.

El resto, que son unos 500.000 trámites, algo más de un tercio del total, son los que están en estudio. Ahí están incluidos los trámites de matrimonio, separaciones, divorcios, cambios de nombre y apellidos o la nacionalidad.

Ese hipotético cobro es uno de los caballos de batalla de los sindicatos contra los cambios en el Registro Civil. CC OO ha exigido al Ministro de Justicia que mantenga el carácter público del servicio y a los registros civiles dentro de la Administración de Justicia, frente a la alternativa de su entrega a profesionales que cobran aranceles por los actos que realizan.

El sindicalista Borja Bats estima que «la privatización sería un atraco en toda regla a los ciudadanos». «Y el arancel será como el repago sanitario: pagar por un servicio que ya se ha pagado a través de los impuestos», critica.

Además, sostiene que gran parte de las inversiones públicas necesarias para implementar el nuevo modelo de Registro Civil que contempla la ley de 2011 ya se han realizado y su puesta en marcha no genera necesidades de empleo público ya que las plazas de encargado del Registro Civil se cubrirán mediante concursos públicos entre funcionarios con formación específica.

La crítica sindical ha tenido acogida entre los usuarios: «Sólo en el Registro Civil de Santander se han recogido miles de firmas de los usuarios contra el proyecto de Gallardón. La cifra puede parecer exagerada, pero no lo es tanto sin tenemos en cuenta que entre el 60 y el 70% de los ciudadanos que a diario acceden al complejo judicial de las Salesas se dirigen al Registro Civil», asegura Bats.