Los administradores de Insago logran 600.000 euros por la maquinaria

La venta de los bienes de Insago acometida por los administradores concursales ha logrado recaudar ya 600.000 euros para pagar a los deudores de la fábrica de Los Corrales de Buelna. El próximo martes se celebrará la segunda subasta por internet en la que se liquidarán los últimos restos. Será el fin de Insago, la fábrica de ventanas de PVC que fue en su día una de las más modernas del sector y que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013. Sus 12.000 metros cuadrados de naves ya están prácticamente vacíos.

El primer remate en internet de los bienes de Insago, cerrado el pasado 18 de diciembre, se saldó con un ingreso de 300.000 euros por la venta de 286 lotes de maquinaria diversa a 69 compradores, en su mayoría españoles, pero también portugueses, alemanes, británicos, rumanos y polacos. La subasta, celebrada por la empresa Troostwijk, concitó el interés de 240 compradores que llegaron a presentar 4.668 ofertas por los 286 lotes.

La venta de la marca

Los administradores concursales de Insago habían liquidado previamente en una subasta judicial a la que acudieron siete compradores los principales medios de producción de la fábrica y uno de sus mayores activos, la marca Hermet 10, la patente de Insago sobre los perfiles de PVC de Kömmerling, que dio fama europea a la factoría corraliega y el liderazgo en el mercado nacional de ventanas de PVC en su día. Aluminios Ampuero, una empresa de Limpias, adquirió en el mes de octubre la línea de fabricación semiautomática de perfiles de 78 milímetros, la más moderna de Insago. Por esta venta y otras menores se logró recaudar unos 300.000 euros.

El próximo 11 de febrero Troostwijk rematará los restos: un total de 104 lotes que incluyen desde la línea de fabricación de ventanas de 55 milímetros, la más antigua de Insago y que fue retirada de la primera puja al recibir una valoración muy baja «estamos en periodo de liquidación, pero no de saldo» indicó Jorge Fernández Sanz hasta mobiliario de oficina, sistemas de aire acondicionado, la centralita telefónica, la caja fuerte de la empresa (por la que ofrecen 200 euros) e incluso las puertas interiores de las naves.

Sanz, administrador concursal junto a Ramón Cifrián, asegura que hay empresas mexicanas que han mostrado interés por varios lotes y espera acabar en esta subasta con la liquidación total de bienes. «Nuestra intención es tenerlo todo desmantelado en febrero, un año después de empezar el proceso».

En agosto falló la posibilidad de hacer una venta conjunta a la empresa francesa VM Materiaux, que se negó a hacerse cargo de las deudas de los anteriores propietarios con la SeguridadSocial y tampoco llegó a un acuerdo con los bancos sobre las naves. En septiembre, después de este fracaso se decidió la liquidación de empresa.

Además de los trabajadores, las principales deudas eran créditos hipotecarios con el BBVA y el Santander, la deuda con la Seguridad Social y 186.000 euros al Fondo de Garantía Salarial. Una vez que termine la liquidación, las naves serán definitivamente desalojadas y entregadas a los bancos como pago de los créditos.

Aunque el Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso de acreedores a Insago el pasado mes de marzo, la agonía de la empresa y sus problemas de gestión se iniciaron en febrero de 2011, cuando solicitó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión y reducción para 178 trabajadores, de una plantilla de 182. A finales de ese mismo año la plantilla se quedó ya en 140 personas. En marzo de 2012, la empresa solicitó un ERE de reducción de jornada que afectó a 138 trabajadores y en noviembre el ERE ya era indefinido, para toda la plantilla, compuesta entonces por 122 personas. En marzo de 2013 la empresa se declaró en concurso de acreedores con unas pérdidas superiores al millón de euros y 110 trabajadores en plantilla. En mayo, los administradores iniciaron la liquidación y despidieron a 55 empleados.

El cierre definitivo de los últimos restos de Insago finiquita una historia de éxito y fracaso empresarial: era una factoría modélica, automatizada en un 90% de los procesos y con una extraordinaria capacidad de producción, que llegaba a terminar 700 ventanas diarias, listas para cargar en los camiones. La repentina muerte de su fundador, José Antonio Sánchez Escalada, marcó el principio del fin, ante la deficiente gestión empresarial abordada por sus herederos.

Decisión del juez

Los administradores concursales de Insago reclamarán al Juzgado de lo Mercantil que el concurso de acreedores de Insago sea declarado culpable y que se analice la posible responsabilidad de los anteriores administradores en la ruina de la empresa.

«La culpabilidad para nosotros no significa que la quiebra sea culpa de los anteriores dueños, sino que cuando las cosas fueron mal algunas acciones o decisiones que se tomaron no se corresponden con las que debió adoptar un buen administrador», aseguró Fernández Sanz.

Si al final el juez estima la petición de los administradores, puede inhabilitarles para administrar otras compañías durante un periodo de tiempo e incluso fijar algún tipo de responsabilidad económica. En este caso la cantidad se impondría solo por el perjuicio efectivo que se demuestre que su negligencia causó a la empresa.

Los flecos judiciales del concurso de Insago no terminan aquí. Desde hace semanas, y a la vez que se liquidan los bienes, los administradores están interponiendo juicios por toda España reclamando las cantidades que otras empresas deben a Insago. «Ya se sabe, cuando se declara un concurso de acreedores es como si la gente que te debe dinero viera abierta la veda para no pagar. Crece exponencialmente la morosidad», indica Fernández Sanz, «y a Insago le deben dinero que estamos en la obligación de obrar». ¿Cuánto? Según las cuentas de los administradores casi un millón de euros. «Muchas de esas facturas impagadas son de morosos tradicionales. En la revisión documental que estamos haciendo desde hace meses están saliendo a la luz impagos de hace cinco años. Algunos son ya incobrables, pero otros los estamos peleando... y ganamos casos», asegura Fernández Sanz.

El próximo pleito que se abordará será una deuda de una empresa de Granada por valor de 100.000 euros. Cuando se vacíe la nave de Insago la documentación, cargada en un container, irá a un almacén y los administradores seguirán expurgándola en busca de morosos denunciables. «Nuestro propósito es intentar cobrar todas las deudas; es nuestra obligación, pero también se lo debemos a los acreedores de Insago y a los propios trabajadores, que el final también eran acreedores».