Santander se opone al uso del fracking en el municipio y en Cantabria

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy, con el respaldo unánime de PP, PSOE y PRC, una moción que rechaza el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking y censura el recurso del Estado contra la ley cántabra que lo prohíbe.

A juicio de populares, socialistas y regionalistas, el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central supone una intromisión en la soberanía del Parlamento cántabro, donde se aprobó la ley también por unanimidad.

Consideran que el recurso pretende "derogar" la ley cántabra para poder desarrollar en la región una política energética que apuesta por el fracking "sacrificando" los recursos naturales y la salud de sus ciudadanos.

En la moción aprobada en el pleno santanderino, que ya se manifestó en junio de 2013 en contra del fracking, se insiste en el "grave riesgo de contaminación de acuíferos" que supone esta técnica.

Los grupos municipales alertan también de "consecuencias irreparables para la agricultura, la ganadería, la economía local, y la salud y bienestar de los ciudadanos".

En la resolución, se reitera la oposición de la Corporación santanderina a esta técnica y su rechazo a que se utilice en el municipio y en toda Cantabria.

PP, PSOE y PRC se comprometen además a apoyar cualquier iniciativa que promuevan el Gobierno autonómico y el Parlamento regional en contra del recurso del Estado y para evitar el uso del fracking en la región.

La moción será remitida a la Federación de Municipios de Cantabria, para que también tome medidas para evitar la fractura hidráulica, y se enviará además al Gobierno español, al Ejecutivo cántabro y al Parlamento regional.

Junto a esta moción, el pleno ha aprobado por unanimidad otra iniciativa -firmada conjuntamente por PSOE y PRC- para que los agentes de policía local puedan adelantar la edad de jubilación.

La iniciativa, debatida en presencia de un grupo de agentes que han acogido con aplausos las intervenciones de los ediles y la posterior votación de la moción, insta a la Secretaría de Estado de Seguridad Social a modificar la normativa para que los policías locales puedan adelantar su jubilación, como ya ocurre en la Policía Autónoma Vasca y los bomberos.

Para PSOE y PRC sería una medida positiva para los agentes -dada la "penosidad" de su actividad-, pero también para los ciudadanos, porque permitiría rejuvenecer las plantillas y tener más agentes en la calle. Además, creen que sería "más que rentable" en términos económicos, por ejemplo, al reducir los índices de absentismo.

El PP ha mostrado el "apoyo sin fisuras" a la moción, que acuerda dirigir la petición tanto a la Seguridad Social, como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En lo que no ha habido unanimidad ha sido en una moción popular, aprobada por el PP en solitario, para mostrar el apoyo del Ayuntamiento santanderino a la reforma local.

La portavoz socialista, Judith Pérez, ha censurado que el PP pretenda hacer "ostentación" de una ley "impuesta contra viento y marea" y que, a su juicio, "dinamita" la autonomía local, promueve una "recentralización" de competencias y favorece la "privatización" o "desaparición" de servicios.

También el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha alertado de la privatización de servicios y de la "castración" de competencias municipales a través de una ley que plantea la "primera recentralización", en vez de la "segunda descentralización".

El portavoz del PP, Antonio Gómez, ha replicado que la autonomía municipal "sale reforzada" con esta reforma. Y el alcalde santanderino, Íñigo de la Serna, presidente también de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha retado a la oposición a dar ejemplos de privatizaciones.

Además, ha recalcado que la reforma fue aprobada por una mayoría democrática en el Parlamento, no sólo por el PP, y también por mayoría se adoptó el posicionamiento de la FEMP. "Otra cosa es que se quiera imponer la visión de la minoría", ha sentenciado.

Junto a estos asuntos, en el pleno se ha dado cuenta de la ejecución del presupuesto y del plan de ajuste en el cuarto trimestre de 2013, y se ha aprobado un expediente de crédito extraordinario por valor superior a 200.000 euros para el proyecto del refugio antiaéreo de la Plaza del Príncipe.

PSOE y PRC se han opuesto a este expediente, porque no lo consideran una prioridad y apuestan por destinar ese dinero a necesidades sociales, pero el alcalde ha explicado que es un remanente de un plan extraordinario de infraestructuras que sólo puede dedicarse a patrimonio municipal de suelo.

La oposición tampoco ha apoyado la aprobación inicial de la nueva ordenanza de control ambiental integrado que, entre otras cosas, elimina la distancia mínima para abrir bares (si no tienen música) y permite sistemas alternativos para extraer humos, en casos excepcionales, para que algunos locales instalen pequeñas cocinas. En este caso, regionalistas y socialistas han optado por la abstención.