Las indemnizaciones por el derribo del Alto del Cuco generan disensiones en el Gobierno

Las indemnizaciones derivadas de las sentencias de derribo han generado disensiones entre los socios de Gobierno, PRC y PSOE. La discrepancias en el seno del Ejecutivo nacen del pago de los daños por la demolición las viviendas del Alto del Cuco, una edificación situada en Piélagos que no tiene encaje legal alguno y debe tirarse.

En este caso, al contrario que en los procesos abiertos en los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante y Miengo, fue el Gobierno regional quien llevó la promoción urbanística ante los tribunales y quien, de manera muy activa, se opuso con todas las armas legales a su alcance a que se ejecutara la edificación ante la actitud obstinada del ayuntamiento, regido entonces por el PP. Por eso, los consejeros del PRC, con José María Mazón al frente, se oponen a que el Gobierno afronte ahora conjuntamente con el consistorio de Piélagos las indemnizaciones derivadas del Alto del Cuco. Sin embargo, los socialistas se ven atados por el color político de la Alcaldía, que en esta legislatura ha pasado a manos socialistas, y mantienen una posición más tibia. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, cuya macroconsejería ha asumido la tutela del conflicto de los derribos, es consciente de que la responsabilidad única es de Piélagos, pero está dispuesta a adelantar los gastos del derribo y las responsabilidades patrimoniales a través de un convenio que incluya cláusulas que garanticen la devolución, según ha manifestado estos días.

El asunto no es "neutro" en el Consejo de Gobierno, que hace dos semanas lo abordó de manera extraoficial y con posiciones discrepantes entre los socios. En esa reunión, los consejeros del PRC hicieron valer su posición inflexible a la hora de exonerar a la Administración regional de cualquier responsabilidad patrimonial compartida con Piélagos, como está haciendo con el resto de ayuntamientos afectados por los derribos. Díaz Tezanos eludió pronunciarse sobre el caso. Pero Mazón, cuya opinión fue recabada por ser el diputado del PRC que en la anterior legislatura se mostró más beligerante con la idea de que el Ejecutivo cargara con los costes de derribar El Cuco, dejó claro que la Administración regional "en ningún caso" debe asumir ese desembolso. "Aquí, el Gobierno no sólo no es corresponsable, sino que fue quien demandó", subrayó. En qué cabeza cabe, dónde se ha visto que, habiendo ganado el pleito el Gobierno, tenga que asumir la responsabilidad del perdedor, viene a decir. El actual consejero de Obras Públicas reconoce que el caso se abordó en una de las últimas reuniones del Gabinete, donde defendió que "si el Gobierno adelanta el dinero, tiene que haber garantías sólidas de que el Ayuntamiento lo devolverá". Según Mazón, "el Gobierno está pidiendo informes y replanteando un nuevo convenio que empezará de cero".

En cualquier caso, el acuerdo entre Gobierno y Piélagos sobre El Cuco se está redactando y el Ejecutivo, como apunta el consejero, tendrá que recabar los informes jurídicos pertinentes. Es en esta fase en la que puede surgir otro escollo, porque existe un precedente judicial similar, en el que el abogado del Gobierno se opuso a asumir los gastos y repercutirlos luego a la administración municipal, lo que constituye un aviso a navegantes de los jurídicos ante los planes del Ejecutivo en El Cuco.

Según fuentes judiciales, hace un mes los servicios jurídicos del Gobierno se negaron afrontar las indemnizaciones derivadas de la demolición de tres viviendas en Argoños. La postura procesal del Ejecutivo quedó patente en el incidente de ejecución que se celebraba en la Sala de lo Contencioso Administrativo, cuando, para sorpresa del tribunal, el letrado dijo que el Gobierno no tenía que tirar nada, ni debía resarcir de nada, porque la responsabilidad exclusiva era del Ayuntamiento de Argoños. De este modo, y a la espera del pronunciamiento de los letrados del Gobierno sobre el caso del Alto del Cuco, lo cierto es que, en este momento, esta construcción carece de cobertura por parte de la Administración regional.

Por eso, el Ayuntamiento de Piélagos aprobó en pleno el pasado día 10 y por unanimidad, la propuesta de la Agrupación de Vecinos Independiente de Piélagos (AVIP) para continuar las negociaciones con el Ejecutivo regional en aras de suscribir un convenio para hacer frente de manera solidaria a las indemnizaciones. Todos los partidos votaron a favor, aunque el PSOE pidió "cautela" porque "el Ayuntamiento se juega mucho", mientras que el portavoz regionalista evitó intervenir.

Por qué el Cuco es diferente

El Cuco fue un proyecto fallido. Tanto que los edificios en estructura asoman abandonados en la ladera del monte. Los tribunales han dicho que el Plan Parcial que aprobó Piélagos para edificar hasta 395 viviendas era ilegal. Pero ¿por qué la casuística de esta construcción es diferente a la de las 17 casas de Cerrias, que también deben deben tirarse, o a las de Entrelindes (20) y la L-05 (21)? Por dos razones fundamentales. En el Alto del Cuco fue el Gobierno, y también Arca, quien recurrió el Plan Parcial que daba cobertura legal al proyecto. La Crotu emitió un informe demoledor en contra y el Gobierno requirió en vía administrativa al Ayuntamiento para que lo anulara, pero no le hizo caso.

El Ejecutivo llegó a pedir a los jueces la suspensión cautelar del Plan Parcial, que la denegaron. Después, el tribunal se cargó el plan y ordenó la demolición de las 230 viviendas edificadas a pie de monte. Es decir, al contrario que en casos como los de Escalante o Argoños, fue el Ejecutivo quien demandó al Ayuntamiento.

Pero, además, en este pleito no hay particulares afectados, ya que, defendidos por el abogado Javier Fernández, que después fue consejero de Urbanismo en la anterior legislatura, pudieron recuperar el dinero entregado a cuenta de Martín-Fadesa. Así, la única perjudicada es esta constructora, aunque Mazón sostiene que es tan responsable como el Ayuntamiento en el fiasco urbanístico. Ya en la pasada legislatura, el Ejecutivo se personó en el incidente de ejecución de El Cuco para llevar a cabo la demolición, como había hecho en los demás procesos, y firmó un primer convenio que, en realidad, era una mera declaración de intenciones. En el Parlamento Mazón llegó a hablar de una posible malversación de fondos públicos por "dar un dinero sin garantías de devolución". La cuestión es si el nuevo convenio que perfila el actual Ejecutivo, que prevé el adelanto de los gastos de demolición y responsabilidad patrimonial ajena, puede afianzar la devolución de esas cantidades.