La Fiscalía investiga el presunto pago irregular de 50.000 euros a cuatro policías locales

El procedimiento, que fue incoado en un escrito rubricado el pasado día 27 de junio, pretende proceder al «esclarecimiento de los hechos» en torno a las gratificaciones que el Ayuntamiento astillerense pagó a los agentes desde esa fecha, sin que mediara ninguna justificación, aprobación por parte de la Junta de Gobierno, ni procedimiento administrativo correspondiente para llevar a cabo el abono de dichos plus de productividad.

Según ha podido saber este periódico, los hechos se remontan a 2008, cuando un miembro del equipo de gobierno anterior (PP) que presidía el exalcalde Carlos Cortina, y una parte de la representación sindical de la Policía Local pactaron verbalmente una gratificación anual de unos 3.300 euros al año para cada uno de los cuatro cabos en servicio de primera actividad. Un trato que no quedó recogido en ningún escrito de intervención ni de secretaría y que por tanto, se forjó fuera de todo procedimiento administrativo ordinario que establece la legislación vigente para la gestión de las administraciones públicas.

El sobresueldo, que comenzó a abonarse en el mes de abril de 2012, se habría venido abonando durante los últimos cuatro años a cada uno de los agentes y, en suma, supondría un pago posiblemente irregular de en torno a entre los 50.000 y 60.000 euros.

Al parecer, fueron los servicios de intervención quienes advirtieron al nuevo equipo de gobierno (PRC-PSOE) de que estos pagos, que se habían venido efectuando hasta la fecha, podrían ser constitutivos de un delito y, por ello, instalaron a regionalistas y socialistas a que se paralizaran definitivamente los abonos por productividad y se tomara de una vez por todas cartas en el asunto.

El alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, que actúa como parte demandante en el procedimiento junto con su socio en el equipo de gobierno, Salomón Martín, lamentó que los cuatro agentes se hayan visto salpicados por este asunto y que tengan que pagar ahora los «platos rotos» de las «presuntas ilegalidades» que han cometido sus antecesores en el gobierno local. Pero, aún así, reivindicó que es «su obligación» y «responsabilidad» fue poner en conocimiento del Ministerio Fiscal este caso y que él adoptara las medidas oportunas. De hecho, a comienzos de junio, el regidor decidió ya paralizar, «de forma inmediata» el abono de estas productividades en vista de los indicios que ya existían de que no se hubiera seguido la tramitación «oportuna».

A su juicio, los pagos sin justificación oficial a los policías locales responden a un «acto claro de irresponsabilidad» y de «dejación de funciones» del anterior equipo de gobierno del PP, con el que no «estamos en absoluto de acuerdo». De ahí que, para el primer edil, estas «conductas presuntamente ilegales del anterior equipo de gobierno, tengan», según su criterio, «que ser investigadas por la Fiscalía», que determinará si, finalmente, estas gratificaciones «se ajustan o no a la ley», apostilló.

«Creemos que el trámite que hemos adoptado de poner en conocimiento al Ministerio Fiscal este asunto es una responsabilidad de este equipo de gobierno, pues no seguiremos ningún procedimiento que pueda encontrarse fuera de los márgenes legales establecidos», apuntó.