La Fiscalía no ve delito en la expulsión de Marcelo Campos de Ganemos Camargo

Lo que hace poco más de un año comenzó como un romance y a la vez instrumento para que una candidatura popular pudiera optar a un asiento en el Ayuntamiento de Camargo, saltó por los aires en cuanto las urnas dieron a Ganemos representación en la Corporación. A día de hoy no queda más que un cruce de acusaciones entre las partes, tal y como se reflejó ayer en el recinto judicial de Las Salesas, que acogió la vista oral por la demanda del edil no adscrito Marcelo Campos contra su «expulsión» de la formación con la que concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2015. El concejal aducía que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y reclamaba la restitución de su condición previa a su abrupta salida, pero la Fiscalía, en sus conclusiones, validó la decisión adoptada por la marca y apuntó hacia el archivo de la demanda.

El Ministerio Público dio paso a sus valoraciones tras escuchar a todos los actores inmersos en el litigio, incluido el responsable nacional de Ganemos, Juliá de Fabián. Entiende la fiscal que, dado que Campos no era afiliado, no se ha vulnerado el derecho de asociación y que la organización «puede entender que no encaja con su filosofía». Además, sostuvo que se habían cumplido los plazos preceptivos desde que se comunicó al concejal la apertura de un expediente sancionador hasta su marcha definitiva, proceso que se solventó en apenas unos días.

Los representantes de la candidatura en Camargo habían argumentando siempre que la escisión se produjo después de que el afectado no se plegara a las exigencias de De Fabián respecto a aportar información sobre las retribuciones en caso de entrar a formar parte del equipo de gobierno. La actual secretaria del edil en el Consistorio, Jimena González, que se presentó ante el magistrado Jaime Anta como «impulsora» del proyecto en el municipio, aseguró que el propietario de la marca nacional les ordenó que pactaran con el partido que les ofreciera «unos sueldos más altos», y opinó que la expulsión tuvo su origen en el acuerdo con PSOE y PRC, que contemplaba «una rebaja de emolumentos del 40%» respecto a los que tenía el PP en la legislatura anterior.

Versión contraria

Por su parte, el apoderado de Ganemos negó que él mandara la propuesta para la formación de gobierno, y explicó que «no hubo información para que pudiéramos auditar sus intenciones». Esa falta de comunicación hizo que se «dispararan las alarmas», porque «quien no tiene nada que ocultar no tiene razón para actuar de una forma tan extraña», sino que «encierra una actitud de dudosa honestidad». Este proceso devino en «una pérdida de confianza» y posterior retirada del uso del nombre Ganemos para Campos.

También compareció el exalcalde del PP, Diego Movellán, que detalló que los portavoces municipales de Ganemos le contactaron rápidamente tras las elecciones para formar una alianza. A su juicio, sus peticiones fueron «sorprendentes», pues se priorizaba «un concejal liberado y dos asesores». Igualmente testificó la edil de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, que dijo que «pactar con el PP da mala imagen».