Camargo ratifica con su investigación la gestión negligente de los alimentos

Esta premisa general, que ha movido al Consistorio a elaborar una ordenanza con objeto de no caer en errores pasados, no es sino el pórtico de numerosas fallas que han derivado en multitud de aparentes negligencias y, como investiga actualmente el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, incluso potenciales ilícitos penales, un caso con dos voluntarios denunciados, entre ellos la exsecretaria de Campos, Jimena González.

La Comisión igualmente aquilata parte de sus razonamientos echando mano de un informe de Cruz Roja que ya hizo saltar las alarmas en el equipo de gobierno que dirige Esther Bolado. Las conclusiones municipales, a las que ha tenido acceso este periódico, dan credibilidad a las impresiones de la organización solidaria en aspectos tales como que "no se garantiza" que los vecinos "conocieran antes de la firma de los documentos y de antemano la cantidad de alimentos entregada", además de que dichos repartos se "efectúan sin que exista un criterio justificado de por qué se entrega más a unas unidades familiares que a otras, es decir, que es posible" que hogares con más miembros "reciban menos cantidades de alimentos" que otros con menos. Cruz Roja puso reparos a estas situaciones tras una inspección in situ al almacén de la Plataforma ubicado en el Polígono de Trascueto (Revilla).

En el documento, que fue remitido días atrás al edil destituido por si deseaba presentar alegaciones, también se abunda en "el escaso control existente" en cuanto a la forma de actuación de ciertos voluntarios, pues de las declaraciones recabadas "se desprende que personas que en principio no se encontraban en la relación de beneficiarios del Servicio han recibido alimentos a través de la acción de voluntarios que han decidido, sin que conste resolución o acuerdo del concejal delegado" la entrega de los mismos. Todo ello sin contabilizar estas salidas, "lo que implica necesariamente una gestión inadecuada de un stock de alimentos" dirigido a fines concretos.

Igualmente, se estima "contrario a los principios de necesario respeto a los usuarios mantener a los mismos efectuando largas colas a la vista pública con técnicas más propias de la beneficencia que de la prestación de un servicio social".

Las justificaciones, a peor

Respecto a los polémicos tiques de 10 euros para compra de alimentos, cuyo remanente presuntamente se repartió de forma arbitraria en septiembre, en primer término la Comisión aconseja regular su utilización. A partir de ahí, "no se ha encontrado una relación real de cuántos vales se han emitido" ni el modelo utilizado "recoge una matriz adecuada que contenga de forma clara los datos de la persona" que los recibe, por lo que actualmente es "imposible efectuar un cuadre real entre emitidos, entregados y facturados por el supermercado".

No obstante, se precisa que "existen modelos de recogida de firmas distintos y alguno de ellos no cumplen requisitos suficientes para un control adecuado del número que se entrega a cada persona" y la posterior revisión de las entregas y su concordancia con las facturas del supermercado. Eso sí, se deja patente que la justificación "ha ido empeorando" según se sucedían los repartos en esta legislatura. Como razonamiento más alarmante, "se recomienda que se efectúe un control aleatorio en cuanto a la identidad de las firmas" de los últimos listados, "dada la disparidad apreciada entre las recabadas en diversos documentos".

Respecto a la venta de los palés de madera en que llegaban los alimentos por parte del otro denunciado, Javier Martínez, unos ingresos de 300 euros que en principio no acabaron en el Ayuntamiento, se deja claro que este material es "de titularidad municipal". Aún así, el informe recuerda que, al igual que la recaudación obtenida vía donaciones en una fiesta en Maliaño, que tampoco engrosó las cuentas locales, el asunto ya fue trasladado a la Guardia Civil.

A modo de corolario, se recomienda "una función de inspección" a la Plataforma por parte del concejal del área y los técnicos, así como una regulación de la labor de voluntariado. Como conclusión más evidente, la Comisión colige la necesidad de "la instalación de videocámaras que deben funcionar fuera de las horas de reparto al objeto de evitar posibles situaciones de uso inadecuado del stock". En cristiano, "hurtos o retiradas no controladas".