El radar solidario tendrá ordenanza

Los 18.000 euros que se han conseguido recaudar con las multas a los infractores de tráfico se sumarán a otros 30.000 que aporta el Gobierno de Cantabria mediante las ayudas para emergencia social, más 6.000 que aporta el propio Ayuntamiento y otros 6.000 que dona la empresa de aguas local. "No habrá muchos ayuntamientos del tamaño de Santa María de Cayón que puedan decir que tienen 60.000 euros para gastar en este tipo de ayudas sociales en un ejercicio", valoró satisfecho con la medida el alcalde de Cayón, Gastón Gómez.

Aportaciones

La ordenanza es tan solo "un borrador", que ya se ha remitido a los grupos de la oposición "para que realicen aportaciones si así lo quieren", informó el alcalde. En este sentido, se avanza que en breve espacio de tiempo la reglamentación cuyos principios y objetivos están basados en normativa de referencia en otros ayuntamientos de Cantabria se llevará a Pleno para su aprobación definitiva.

Entre otros aspectos, el borrador contempla un "espectro muy amplio" de ayuda a colectivos desfavorecidos, de cara a compatibilizar las subvenciones con las que se ofrecen desde otras administraciones. Además, la propia normativa es "muy abierta" y deja a la valoración de los Servicios Sociales municipales y la Comisión del área la valoración del destino de la ayuda. El dinero se repartirá para multitud de cosas como ayuda al alquiler, para abonar suministros básicos como la electricidad o el gas, a la compra de alimentación fresca o de higiene, pero también para abonar una extraescolar o "una excursión del colegio si se entiende que la familia no puede permitírselo y es motivo de exclusión", agregó el regidor de Cayón.

El texto resumido en ocho folios contempla tanto los requisitos que han de cumplir los peticionarios, como los métodos de control y la posibilidad de revocación de la ayuda si no se justifica que se ha utilizado para el destino requerido. Asimismo, deberán comunicar todas las variaciones de su situación económica, no ejercer la mendicidad ni inducir a un menor a su práctica, garantizar la escolarización de sus hijos, si los hay, además de otros aspectos como rechazar ofertas de empleo o formación. Todos estos requisitos, de no cumplirse, podrían ser causa de revocación.

Seguridad vial

El dispositivo de control de la velocidad está instalado desde hace nueve meses en el cruce de Cayón, dirección Sarón, en la carretera CA-142 entre Guarnizo y Villacarriedo. El motivo de su instalación fue garantizar la seguridad vial de los 1.700 escolares y alumnos del colegio Gerardo Diego y el IES Lope de Vega. De hecho, fueron las direcciones de los centros y los propios padres quienes solicitaron medidas preventivas que se transformaron en la instalación del dispositivo disuasorio. En su primer día, el radar cazó a 75 infractores y tuvo algunos problemas de funcionamiento que se subsanaron. No obstante, a medida que avanzó la popularidad del dispositivo bajaron las infracciones.

Desde entonces, la medida ha sido aplaudida por quien lo solicitó y por sus beneficiarios, pero también criticada, sobre todo por los afectados y vecinos de otros municipios que tienen que atravesar Cayón. La multa media es de 200 euros, pero hay bonificación por pronto pago del 50%.