El juez archiva parte de la causa por el escándalo de los alimentos de Camargo

Al igual que en el resto de las pesquisas, constaban como denunciados por estos hechos dos voluntarios de la Plataforma de Alimentos: Jimena González, la que fuera secretaria del concejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos; y Javier Martínez, que quedan exonerados respecto a este tema, que dirimía el destino de 600 euros obtenidos en la comida.

En concreto, el juez, en un auto fechado el pasado día 1, sostiene que «se puede descartar la comisión de ilícito alguno de apropiación indebida» por parte de González, respecto a 300 euros que custodiaba ella. A más, el magistrado afirma que «por pura desorganización, no se ingresó efectivo alguno en las cuentas municipales», al no saber a quién debía girar la transferencia. García Delgado, que rechaza actuaciones delictivas en virtud de la documentación aportada por los investigados y de las pruebas llevadas a cabo, precisa que «podemos descarta ánimo apropiativo ninguno» después de que la secretaria despedida consignara en una cuenta judicial la citada cantidad tras declarar por primera vez en el procedimiento.

En cuanto a Martínez, que también tenía otros 300 euros de la citada recaudación, el auto recoge que el dinero se destinó a comprar camisetas para los voluntarios, tal y como acreditan dos recibos. Aunque García Delgado tacha la decisión de «discutible, sin duda», no consta voluntad de apropiarse de los fondos, que «no estaban afectos a ninguna finalidad pública concreta».

Apropiación indebida leve

Sí habrá juicio en cambio por la venta de los palés en que los productos llegaban al almacén situado en el Polígono de Trascueto (Revilla). Los mismos voluntarios tendrán que sentarse en el banquillo, aunque por un ilícito menor, ya que la cantidad conseguida -337,5 euros- tipifica los hechos como un delito leve de apropiación indebida. En todo caso, se han pedido varias pruebas, entre ellas la factura a la empresa que compró la madera, para dirimir la responsabilidad.

Con todo, la parte de mayor enjundia del caso, la vinculada a un supuesto uso y reparto irregular de los tiques sociales, aún se está investigando en el Juzgado.