Todos los alcaldes respaldan la declaración contra el fracking

El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de la región han sumado hoy sus voces en torno a una declaración institucional conjunta por un región "libre de fracking". El patio central del Parlamento cántabro ha sido el escenario de la firma del documento en el que, de momento, han quedado plasmadas las rúbricas de 90 de los 102 alcaldes de la comunidad.

El resto no han podido asistir a la firma, por motivos laborales médicos o de diversa índole, pero todos comparten su filosofía y suscribirán la declaración en otro momento, tal como han precisado fuentes del Gobierno regional y del PRC, el partido con más alcaldes ausentes en este acto.

Los regidores han respondido de forma masiva al llamamiento del presidente del Gobierno, independientemente de su ideología, aunque los del PSOE y el PRC han reiterado sus reproches hacia el PP y su poca esperanza en que lo firmado hoy sirva de algo.

De los 102 alcaldes de Cantabria, han faltado 12, algunos de ellos por motivos laborales como los de Pesquera y Tudanca, que han trasladado su apoyo a la declaración institucional, igual que los de Cartes y Guriezo, que tenían pleno a esa hora; o el del Valle de Villaverde, que ha excusado su presencia por motivos personales. También han faltado, aunque en este caso sin mediar comunicación, los regidores de Polaciones, Puente Viesgo, Ribamontán al Mar, Bareyo, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo y Vega de Liébana.

La propuesta del Ejecutivo cántabro se produce después de que el pasado mes de junio el Tribunal Constitucional tumbara la ley autonómica que prohibía el uso de esta técnica en la región, un jarro de agua fría para el Ejecutivo de Diego porque le dejó sin su principal instrumento legal para combatir esta práctica.

Esta mañana, el presidente Diego ha agradecido a los alcaldes su presencia y ha destacado que la unión del Gobierno y los ayuntamientos "puede ser un instrumento muy útil" para que Cantabria siga siendo territorio libre de fracking, un objetivo que no responde a "ideologías" -ha dicho- sino "al sentimiento de un pueblo que quiere poder elegir con libertad que no quiere una técnica hacia la que siente recelo, temor y una abierta oposición".

Los alcaldes

En representación de los alcaldes socialistas, la regidora de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, ha opinado que este acto va a servir "de poco o de nada", porque el PP a nivel nacional "tiene muy claro" su apoyo al fracking. Así, ha señalado que han firmado la declaración "por responsabilidad", pero "sin mucha esperanza de que esto sirva para algo más allá de una foto para el presidente del Gobierno".

Por su parte, el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha entregado al presidente Diego una carta de los regidores del PRC en la que le recuerdan que las instituciones de Cantabria ya se han pronunciado en contra del fracking en reiteradas ocasiones, y proponen una serie de medidas para que esta nueva declaración "no se convierta en algo inútil o en un mero acto protocolario de marketing", entre ellas la presentación de recursos contra todos los permisos de investigación ya concedidos por el Estado.

Además, los alcaldes regionalistas instan a los diputados y senadores de Cantabria en las Cortes Generales a votar en consonancia con el contenido de esta declaración.

Por parte de los alcaldes del PP, que son mayoría, el primer edil de Arnuero, José Manuel Igual, ha destacado que "esto es un asunto suprapolítico, un asunto de región, y así lo han sabido ver los alcaldes". Asimismo, ha afirmado que "la llamada del presidente ha sido oportuna" y que Cantabria "debe ser un territorio libre de fracking, lo cual no quiere decir que en otros lugares de España decidan libremente no serlo", ha matizado en alusión a la postura del PP a nivel nacional.

Esta declaración institucional también coincide con la publicación del informe elaborado en 2013 por el Instituto Geológico y Minero de España sobre las medidas de prevención y corrección que tendrían que adoptar las empresas que quisieran extraer gas en España mediante la fractura hidráulica, un documento demoledor que el Estado mantiene oculto y cuyas conclusiones trascendieron hace unas semanas. El estudio, publicado por El Diario Montañés, alerta de los peligros de esta práctica para el medio ambiente: contaminación de acuíferos, polución del aire, utilización de productos cancerígenos y riesgo de terremotos.