Así son los incentivos fiscales para las comunidades que acepten el fracking

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo tributo sobre la explotación de petróleo y gas, cuya recaudación se destinará en parte a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se encuentren los yacimientos, si son proyectos terrestres, y a la comunidad autónoma más cercana si se trata de explotaciones marinas. Este nuevo tributo está incluido en el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos que ahora, tras su aprobación por el Gobierno, comenzará la tramitación parlamentaria.

Se da la circunstancia de que varias comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y ayuntamientos han legislado en contra de las nuevas técnicas como la fractura hidráulica, más conocida como ' fracking ', para la obtención de gas o rechazan exploraciones petrolíferas. Por ejemplo, Cantabria, y Navarra han prohibido el fracking , Cataluña ha endurecido las condiciones y en Andalucía se ha aprobado una moratoria de dos años. Los tribunales han suspendido cautelarmente varias normas antifracking. A su vez, el Gobierno canario ha recurrido -sin éxito- ante los tribunales para parar las exploraciones de Repsol en busca de petróleo en sus aguas.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, que defiende la búsqueda de hidrocarburos en España para reducir la dependencia energética del exterior, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este tributo sobre el valor de la producción, asi como otras tasas, permitirá que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad y en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde tengan lugar. Con ello, el Gobierno busca acercar los beneficios económicos al territorio y suavizar el rechazo que existe en algunas zonas a la concesión de permisos de exploración.

Soria anunció también que se incrementa el canon de superficie que ya pagan las empresas y se crean nuevos cánones por realizar sondeos y sísmicas. Además, en el caso de los propietarios de los subsuelos donde se produzca la explotación de hidrocarburos, se les reconoce un retorno del 1% del valor de la producción anual mientras dure el periodo de concesión.

Por otra parte, la reforma de la ley de Hidrocarburos crea un mercado mayorista organizado del gas en España con el fin de introducir «más competencia y más transparencia», según Soria.

En la actualidad, la compraventa de gas natural a nivel mayorista se hace a través de contratos bilaterales entre empresas, «con lo que los precios no están dando señales precisas y nítidas», explicó el ministro. Con el nuevo mercado organizado se facilitará la entrada de nuevos comercializadores y los precios serán transparentes.

España, el gran 'hub' del gas

Este mercado organizado es un requisito necesario para que España se convierta en un 'hub' o centro de distribución gasista. El objetivo es ser la puerta de entrada a Europa del gas procedente del norte de África, a través del gasoducto argelino, y del resto del mundo gracias al importante despliegue de regasificadoras que existe en territorio nacional. España es la zona con mayor densidad de plantas de regasificación y con mayor capacidad para la importación de Europa.

Además, eso permitiría a Europa diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y asegurarse un suministro a precios razonables frente a la inestabilidad histórica del gas procedente del Este. España es uno de los países con mayor y más variado aprovisionamiento de gas del mundo: de Argelia llega algo más de la mitad de las importaciones (51,8%), seguido por Noruega (11,3%), Catar (10,7%) y Nigeria (9,3%), entre otros.

De otro lado, se han introducido medidas para aumentar la competencia en el butano y propano. Además, los comercializadores de GLP a granel -bombona- estarán obligados a suministrar a todos los clientes que lo soliciten dentro de su provincia de actuación.

En cuanto al déficit de tarifa de las eléctricas -el desfase entre ingresos y costes del sistema-. las cinco grandes empresas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) cobrarán los 3.540 millones de euros de déficit correspondientes a 2013 a lo largo de los próximos 15 años junto con un interés «de mercado», explicó el ministro de Industria. Los eventuales desfases que se produzcan a partir de este ejercicio serán financiados por todos los operadores del sector, que recuperaran su importe a lo largo de cinco años además de un interés que se calculará en función del de la deuda pública «más un diferencial fijo» a determinar cada año.