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Aser Falagán
Martes, 17 de febrero 2015, 13:05
Los nueve imputados por el escrache al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, creen que el auto que les imputa por delitos que pueden alcanzar los doce años de cárcel dibuja un escenario totalmente irreal de lo que pasó aquel día en la Universidad de Cantabria. Por ello, arropados por dos centenares de personas, han comparecido hoy públicamente para anunciar que recurrirán la resolución judicial y que pedirán la declaración del propio presidente. Lo tienen claro: "Nada de eso (el relato de hechos del juez) ocurrió y lo vamos a demostrar".
El acto de esta mañana sirve además de pistoletazo de salida de una campaña de autoinculpación simbólica en las redes sociales bajo el lema #PreguntarNoEsDelito.
Y es que, dicen, se han visto envueltos en un proceso angustioso que afecta a su vida cotidiana ya la de sus familias y también a la libertad de expresión. "Hoy nos toca a nosotros afrontar esto por defender pacíficamente la educación pública, pero mañana podría tocar a cualquiera", sostienen.
Con esta campaña también quieren denunciar injusticia y el abuso al que se consideran sometidos. Tanto como para que su abogada, Mari Luz Ruiz Sinde, haya solicitado la nulidad del auto. Para ello aportarán un vídeo, el testimonio de otros tres periodistas y apelarán al derecho de reunión y libertad de expresión.
Hoy han querido explicar cómo vivieron ese día -el 17 de febrero de 2014- y han contestado a las preguntas de los periodistas. Y tras mostrar su malestar porque no se haya tenido en cuenta la única testifical de una periodista porque contradecía la versión oficial, han dado el primer paso de lo que ya es una campaña activa tanto en redes sociales como de forma presencial.
La campaña tendrá lugar en el porpio Interfacultativo, donde hoy, gracias al apoyo de los representantes de los estudiantes de Filosofía y Letras y del decano, se ha celebrado una rueda de prensa en la que los imputados ha comparecido arropados por unos 200 miembros de la comunicad universitaria y la sociedad civil que les han mostrado así su apoyo.
Ahora han invitado a todo aquel que quiera a que formule preguntas en redes bajo el hashtag #PreguntarNoEsDelito, el mismo lema que preside en forma de pancarta el recibidor de las facultades de Filosofía y Letras y Educación. La campaña presencial tendrá lugar en ese mismo edificio, donde un fotógrafo voluntario tomaba ya esta mañana imágenes de todas aquellas personas que lo desearan con su pregunta escrita en un cartel.
Con Diegu San Gabriel, Lorena Saiz y Mario Pardo como portavoces, los imputados, para los que en algunos casos se piden penas de hasta 12 años de prisión (entre todos suman 42), han anunciado además que solicitarán la testifical de Ignacio Diego y resumido la campaña con una sencilla frase: ¿No quieren preguntas? Pues les vamos a dar taza y media.
Su defensa tendrá así dos vertientes bien separadas. La jurídica y la social. En esta última han agradecido el apoyo a estudiantes, personal y mucha gente relacionada con la universidad, pero reconocen sentirse desamparados por el Rectorado y el Consejo de Estudiantes, organizador este último del acto al que se les prohibió la entrada pese a estar anunciado como público y mostrar nuestra tarjeta universitaria.
Los hechos
El 17 de febrero el Consejo de Estudiantes de la UC organizó en la Torre A de la Casa del Estudiante una charla que recuperando el formato del programa televisivo 'Tengo una pregunta para usted' anunciaba un encuentro con el presidente de Cantabria para que respondiera a las preguntas de los alumnos. Los hechos enjuiciados se produjeron cuando la seguridad privada impidió la entrada al acto a un grupo de alumnos y miembros de la comunidad universitaria que presuntamente habrían convocado un escrache.
Aquí las versiones entre estos jóvenes y el juez difieren. Según el juez, un grupo concertado para alterar el orden público e impedir la salida del presidente del recinto y que accediera a su vehículo oficial obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que se consiguió tras grandes dificultades, luchando denodadamente con los allí congregados. Los acusados se enfrentan así a penas de hasta doce años en los casos más graves por diversos delitos de los que la defensa va a solicitar el sobreseimiento.
Según los imputados, ello acudieron "con actitud pacífica", pero encontraron "un despliegue de seguridad" en los accesos que impedía entrar al acto "sin ningún tipo de justificación". "No entendíamos cómo, incluso presentando la tarjeta de la Universidad, se prohibía el paso", ha señalado uno de los jóvenes, que ha indicado que, como no pudieron preguntar, "trasladaron su descontento" tras el acto, aunque el presidente, según aseguran, "montó en el coche sin impedimento" y se fue de la UC.
Según cuentan , tras abandonar Diego el lugar, uno de los escoltas "propinó un puñetazo en la nuca y una bofetada" a dos de los jóvenes. Y, de acuerdo con su relato, después llegó la Policía, a la que se trató de trasladar lo ocurrido en un intento que fue "vano". Ocho días después, dicen, se enteraron "por la prensa" de que se había iniciado una investigación judicial. "Imaginad por un momento cómo os sentiríais si de forma totalmente inesperada e injustificada os vierais acusados", han apostillado.
El camino judicial
Esta mañana han explicado que el recurso se ha presentado en dos instancias, uno de reforma ante el mismo Juzgado de Instrucción número 4 de Santander y, otro, ante la previsión de que el magistrado Luis Enrique García Delgado lo ratifique, de apelación a la Audiencia Provincial, en el que aportan nuevas pruebas y piden la declaración de Diego.
Su abogada, María Luz Ruiz Sinde ha detallado que han pedido también la declaración de otros tres periodistas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos el 17 de febrero de 2014 -hoy hace un año- y han aportado un vídeo sobre lo acontecido.
"En primer lugar, pedimos la nulidad del auto porque no se han tenido en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos, en los que se estaba ejerciendo el derecho de libre reunión y libertad de expresión en la Universidad; y después pedimos el sobreseimiento por falta de pruebas", ha indicado Ruiz Sinde.
No obstante, la letrada de los nueve imputados ha explicado que, en última instancia y en caso de que lo anterior no se estime, apelan a la Audiencia Provincial y piden más pruebas testificales, en concreto las de otros tres profesionales de la comunicación y la del propio presidente regional, y aportan un vídeo en el que "demuestra que los hechos no sucedieron omo han contado los escoltas y el jefe de Gabinete de Diego".
Entre esas pruebas, lo más destacado es la petición de declaración de Ignacio Diego, algo que ha dicho que se ha solicitado porque el presidente "no ha testificado en estas diligencias" y han considerado que "debe de dar su versión de los hechos para que diga si se sintió o no atentado".
Y es que uno de los principales delitos que se imputan a algunas de estas nueve personas que participaron en el escrache es "atentado contra Ignacio Diego". "Por ello queremos que dé su versión y relate cómo se sintió", ha añadido la abogada.
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