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REdacción
Martes, 24 de febrero 2015, 12:45
El Tribunal Supremo ha archivado por prescripción la causa que fue abierta por un presunto delito de cohecho contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, relacionado con su estancia en un balneario de Oviedo en agosto de 2010, que fue pagada por Aquagest, una empresa investigada en el caso 'Pokemon'.
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La Sala II señala que en la exposición razonada enviada al Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo (instructora del 'caso Pokemón') "no se aporta indicio alguno que sustente que el pago del hotelse realizó en consideración a la condición de diputados de los investigados", lo que exigía el tipo penal en el momento en que ocurrieron los hechos para un cohecho no vinculado a un concreto acto u omisión de un cargo público, sobre lo que tampoco existen indicios en el caso.
Sobre esto, ya dio explicaciones el presidente en el Parlamento cántabro a principios del pasado mes de diciembre, donde afirmó que el directivo de Aquagest había abonado sin su «conocimiento» y sin su «consentimiento» su estancia en un hotel de lujo en 2010, una factura que ascendía a 1.174 euros.
"En cualquier caso -añade el auto-, descartando la aplicación de los preceptos relativos al cohecho vinculados a un concreto acto administrativo y admitiendo hipotéticamente que existieran indicios de la comisión del delito del artículo 426 del Código Penal (referido a la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función), nos encontramos con que el mismo estaría prescrito". Recuerda que ese delito prescribía a los tres años, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupción de la prescripción en la fecha de la exposición razonada de la juez de Lugo (noviembre de 2014), habrían transcurridos más de tres años desde los hechos (agosto de 2010). Por ello, considera prescrito el delito y archiva las actuaciones.
Una empresa con "relevantes" intereses en Cantabria
Según la exposición razonada remitida por el Juzgado de Lugo, la empresa Aquagest, con "relevantes" intereses en Cantabria, desarrollaba presuntamente una política empresarial, según la cual sobornaba a autoridades políticas y funcionarios con el objetivo de lograr adjudicaciones de las Administraciones Públicas.
Una de sus prácticas consistía en agasajar a los mismos con regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo, como el hotel 'Las Caldas Villa Termal', ubicado en Asturias.
En ese contexto, la compañía abonó la estancia en ese hotel de lujo de los entonces presidente y portavoz del PP cántabro y diputados autonómicos desde el 13 hasta el 16 de agosto de 2010. El pago fue efectuado el 29 de agosto de aquel año.
Para el Supremo, que ha archivado la causa con el visto bueno de la Fiscalía, "se desconoce si el pago se realiza en contraprestación a la realización u omisión de algún acto, o en consideración al cargo". Así las cosas, se ha declarado competente para estudiar este asunto y ha decidido decretar el archivo de las actuaciones.
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