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CONSUELO DE LA PEÑA
Miércoles, 11 de marzo 2015, 07:26
El jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, se ha acogido al privilegio que tiene como presidente de una comunidad autónoma y contestará por escrito a las preguntas que le formulen sobre los incidentes ocurridos el 17 de febrero del año pasado en el campus de Las Llamas, cuando acudió a la Universidad para participar en el foro 'Tengo una pregunta para usted', organizado por el Consejo de Estudiantes, y fue víctima de un escrache.
La ley permite a los presidentes de las comunidades autónomas, entre otros altos cargos, prestar testimonio por escrito siempre y cuando sean citados por el juez en calidad de testigos. Si lo hicieran como imputados no se salvarían del «paseíllo».
Por aquel incidente en sede universitaria, el juez Luis Enrique García Delgado, titular del Juzgado de Instrucción número 4, imputó a nueve jóvenes, casi todos universitarios, entre los que se encuentra también el dirigente nacional de Podemos Marcos Martínez, y cree que hay indicios más que suficientes para sentarlos en el banquillo por un delito de desórdenes públicos en el mejor de los casos, que lleva aparejada una pena de entre seis meses y tres años. Porque en el peor de los escenarios, el juez estima que podrían ser juzgados por coacciones y atentado a la autoridad, delitos que conllevan una condena de entre cuatro y seis años de cárcel.
Pero el Ministerio Fiscal y los propios acusados querían oír de boca del presidente supuestamente vapuleado en la algarada estudiantil su versión de lo ocurrido, y así se lo pidieron el juez que, antes de dar por cerrada la investigación y abrir juicio oral, acordó citar a Diego en calidad de testigo. También le ofreció acogerse a su derecho de hacerlo por escrito, un privilegio que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su capítulo V, reservado a algunos cargos públicos que sean citados como testigos.
El presidente ha decidido hacer uso de ese derecho y así se lo ha hecho saber al magistrado. Y es que declarar por escrito le permite meditar las respuestas. También podía haber respondido en su despacho oficial o en su propio domicilio, previo señalamiento de día y hora por parte del instructor, pero el jefe del Ejecutivo ha optado por el testimonio escrito.
El juez García Delgado ha informado a cada una de las partes de la decisión del presidente y les ha dado plazo para formular sus preguntas. Cuando el magistrado las reciba, pasarán su criba para evitar las que se repitan o retirar las que considere improcedentes. Después remitirá al presidente su contenido, informándole del plazo de que dispone para responder al formulario.
Cumplido este trámite, el instructor dará por concluida la investigación y lo más probable es que acuerde la apertura de juicio oral.
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