¿De verdad es usted de este pueblo?

Cuatro nuevos vecinos empadronados en una casa deshabitada, tres presuntos residentes en una parcela donde solo hay zarzas, uno que se censa en un piso embargado... Son algunos de los casos que han levantado sospechas de fraude en Cantabria, en pueblos en los que un solo voto puede cambiar el color político de un lugar con todo lo que supone.

Ya el cinco de abril, El Diario Montañés informó que la Oficina del Censo Electoral (OCE) había detectado incrementos de población indebidamente justificados en cinco municipios: Noja, Las Rozas de Valdearroyo, Santiurde de Toranzo (en la pedanía de Bárcena), Soba y Valdeprado del Río (en las localidades de Arcena y Aldea de Ebro), que podrían dar lugar a reclamaciones por parte de los partidos políticos que se presenten a las elecciones. O bien podría tratarse de un 'engorde' del censo con fines electorales o simplemente del resultado de un control férreo de los empadronamientos obligado en estas fechas precomicios, sobre todo en municipios con menos de 2.000 habitantes, donde un alta nueva es un mundo.

El caso de Valderredible

Este periódico se ha hecho eco de los dos casos más llamativos: Valderredible y Noja. El primero está fuera de esa lista sospechosa de la OCE, pero cuatro pedanías denunciaron ante el INE unos empadronamientos posiblemente fraudulentos. Se trata de San Andrés de Valdelomar (20 habitantes), donde al parecer cuatro personas se empadronaron en la casa del expresidente de la Junta Vecinal, Saturio Blanco (PRC); parecida situación a la detectada en San Martín de Valdelomar, Santa María de Hito o Navamuel; y se acusó al alcalde del municipio, Fernando Fernández (PRC), de manejar el censo a su 'antojo electoral'. La voz la alzó la Agrupación Independiente de Vecinos de Valderredible (AVIA), al indicar que en algunos casos hay gente que se encontró con dificultades para empadronarse, otros vecinos habituales fueron invitados a irse del pueblo y, sin embargo, en otros se aceptaron empadronamientos que permitirían un cambio de pedáneo sin investigarlos siquiera, según su versión.

Estas acusaciones fueron desmentidas desde el Ayuntamiento de Valderredible, que podría emprender medidas legales contra estas "constantes difamaciones", más cuando este municipio está libre de esas anomalías detectadas por el INE.

Investigación policial en Noja

En Noja -que sí está en la lista de sospechosos de la OCE-, la Policía Local ya ha tomado cartas para verificar si realmente viven en el lugar que dicen los que se acaban de empadronar. Porque el 31 de diciembre, que fue el último día permitido para registrarse en un municipio y poder votar el 24 de mayo, 33 personas lo hicieron de golpe, un ritmo de altas que puso en alerta a la Oficina del Censo Electoral. El Ayuntamiento fue obligado a investigar estos empadronamientos y se descubrió que tres personas supuestamente residen en una parcela abandonada, que otra joven se apuntó en una casa en la que viven dos ancianas que no la conocen, que otro puso como dirección un piso embargado por el banco, otro más que supuestamente reside en Noja está trabajando en Canarias... En definitiva, que la Policía confirmó, después de visitar los domicilios y entrevistar a los vecinos, que 21 de los nombres son irregulares, tres dudos y solo nueve son correctos.

A raíz de estas investigaciones, el PSOE de Noja impugnó el 13 de abril el censo electoral de municipio, aunque al día siguiente se desestimó esta denuncia al no quedar probado que estas altas sean falsas, un dictamen que estos días será recurrido por los socialistas.

Así se gestiona la 'sospecha'

Las seis localidades cántabras 'sospechosas' (de los cinco municipios citados) están en una lista en la que figuran 183 pueblos de toda España que han registrado incrementos significativos injustificados de población en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones del 24 de mayo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) establece que la Oficina del Censo Electoral debe controlar y revisar de oficio las altas y bajas del censo y comunicar a la Junta Electoral Central las modificaciones que hayan determinado una alteración palpable del número de residentes. En esa lista están incluidas las entidades locales que en esos seis meses no han respondido a los requerimientos de la Oficina del Censo Electoral (dependiente del INE) para explicar sus incrementos de población o que no han dado respuestas adecuadas.

Para el control de las altas se estableció un sistema de alerta que solo se aplica a municipios de menos de 2.000 habitantes y que analiza los movimientos (crecientes o decrecientes). Por ejemplo, en un municipio de entre 100 y 250 habitantes, la alerta saltaría cuando hubiera un incremento poblacional superior a periodos anteriones en cinco personas. En uno entre 1.000 y 2.000 vecinos, el incremento se considera sospechoso cuando supera los veinte vecinos nuevos.

Una vez conocida la lista de sospechosos, los representantes de las candidaturas pueden impugnar ante la Oficina del Censo Electoral el padrón de esos pueblos. En los casos en los que haya impugnaciones y los ayuntamientos no quieran dar de baja a los inscritos, el asunto volverá a la Oficina Electoral y, si no hay acuerdo, será un juzgado el que decida si esas personas pueden votar en su nuevo lugar de inscripción o deben hacerlo en el anterior.