La jueza del 'caso Racing' deja a Marcano y Agudo en la antesala del banquillo de los acusados

Los exconsejeros del Gobierno de Cantabria Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) están en la antesala de tener que sentarse en el banquillo de los acusados y ante un Tribunal con jurado. Esa es la conclusión que se extrae del auto dictado por la jueza Paz Hidalgo Bermejo, que considera que existen suficientes indicios de la comisión de los posibles delitos de malversación de fondos públicos y fraude continuado como para abrir juicio contra López Marcano y Agudo y contra otros de los imputados en el llamado 'caso Racing', causa abierta por la compraventa del club cántabro al empresario indio Alí Syed, un proceso que acabó en fracaso y con el equipo de nuevo en manos del empresario Jacobo Montalvo, también imputado y cuya empresa fue la directamente beneficiada de la operación.

En su resolución judicial, dictada el pasado 11 de mayo y conocida este martes por las partes, la magistrada instructora abre otras tres piezas, y remite al Tribunal Superior de Justicia nuevos hechos que afectan al diputado y candidato por el PRC, Javier López Marcano, al ser aforado. Una decisión que impacta sobre el exconsejero en campaña electoral, ya que figura en el quinto puesto de la candidatura regionalista. Una irrupción judicial en plena contienda electoral que ha sido recibida de forma dispar: conmoción y enojo en el seno de PRC y PSOE y alegría evidente entre las filas del PP y en el propio Gobierno, 'tocado' hasta ahora por los intentos judiciales fallidos seguidos durante toda la legislatura contra el exconsejero de Cultura.

El auto considera que hay indicios de malversación y fraude de los que también sería responsable, junto a los exconsejeros López Marcano y Ángel Agudo, el exgerente de la sociedad pública CEP Cantabria, Luis Egusquiza. Todos ellos como autores de los hechos, en tanto que inculpa a Jacobo Montalvo (dueño del Dumviro, propietaria del Racing) y al asesor Emiliano Garayar, en calidad de 'cooperadores necesarios. La conclusión de la magistrada es que ha quedado acreditado que ocasionaron un perjuicio económico de 6 millones a la empresa Cantur y de otros 250.000 euros a CEP Cantabria (Coordinadora de Empresas Públicas). El auto entiende que sus decisiones en la venta del Racing a Alí Syed, se liberó de toda carga a la hasta entonces empresa propietaria -Dumviro (propiedad de Montalvo)- causando un grave daño a las arcas públicas.

Los principales imputados se enfrentan a una pena que puede oscilar entre los 4 y los 8 años de cárcel y a una inhabilitación absoluta de entre 10 y 20 años. Todo ello en base a que el supuesto delito de malversación cometido ha sido integrado por la instructora en el subtipo más elevado dada la cuantía de la cantidad sustraída. En el caso del delito de fraude, la condena oscilaría entre los 1-3 años de prisión y los 6-10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Otra vía de investigación

En la parte dispositiva de su auto, Paz Hidalgo abre otra vía de investigación y pide al TSJ que se pronuncie sobre la aplicación de subvenciones (al Racing) a fines distintos a los objetivos de la subvención y el reconocimiento y pago de sucesivos ejercicios, hechos, que incidiariamente considera delictivos y en los que habría intervenido el exconsejero de Cultura del Gobierno bipartito PRC-PSOE.

La jueza -designada en su día a propuesta del Partido Popular y, por tanto, de una imparcialidad que cuestiona la oposición- acuerda incoar procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado y convoca a los imputados, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a una comparecencia con el fin de concretar la imputación. Contra el auto cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que debe presentarse en un plazo de cinco días; incluso, en tres días también puede presentase recurso de reforma ante el propio instructor. El fallo judicial es un paso previo a la apertura de juicio oral. El hecho de que se apunte que el juicio será con jurado viene derivado de la posible existencia de un delito de malversación, recogido en la ley que regula la elección de este tipo de tribunal.

En las otras dos piezas separadas del auto -que se remiten a los juzgados de instrucción que proceda- la magistrada estima que también se pudo incurrir en hechos delictivos en la recompra de las participaciones de Ecoparque Besaya, proceso en el que intervinieron el exconsejero Ángel Agudo, Luis Egusquiza, Emiliano Garayar y Jacobo Montalvo. La tercera pieza se refiere a las adjudicaciones de contratos sin expediente de contratación, publicidad y concurrencia' en beneficio de Garayar y Asociados, decisiones en las que vuelven a aparecer como implicados Agudo, Egusquiza y Garayar. Dos nuevas vías de investigación que abre la magistrada.

La instrucción de Paz Hidalgo obedece a la denuncia formulada en su día por la sociedad pública Cantur que consideró que las actuaciones en el proceso de compraventa del Racing materializado en 2011 eran constitutivas de un delito del malversación de fondos públicos, un segundo de fraude a ente público y un tercero de fraude societario. Los tres hechos habrían ocasionado un gran quebranto económico a la Hacienda regional.