Acayro cierra in extremis otros dos casos de corrupción en Castro

La nueva titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, María José Ruiz González, tan solo tendrá que cerrar el caso relacionado con el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, donde está imputado el exconsejero Mediavilla, después de que su antecesor en el cargo, el magistrado Luis Acayro Sánchez, haya concluido la instrucción en el último momento, consciente de que no le habían concedido una prórroga, de los otros dos casos de corrupción que quedaban pendientes.

La juez sustituta de Acayro, que se incorporó ayer a su nuevo destino al filo de las nueve y media de la mañana, se encontró con que únicamente debía finalizar la instrucción que afecta a las urbanizaciones situadas junto al colegio de Santa Catalina. Un asunto por el que se ha tenido que posponer hasta el 23 de junio la declaración en calidad de imputado del exconsejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, «para que la juez sustituta pueda tener conocimiento de la causa, teniendo en cuenta que consta de 12 tomos y 26 anexos de documentación».

Un día antes de cesar de su cargo en Castro, el juez Acayro, que tiene veinte días para ocupar la plaza que ha obtenido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander, emitió dos autos de transformación a procedimiento abreviado relacionados con el 'caso de los sobresueldos' y el del desarrollo urbanístico del APD-2 de Cotolino. De esta forma cerraba la instrucción de dos asuntos que podrán ser recurridos ahora ante el Juzgado castreño, en reforma, o ante la Audiencia Provincial, en apelación. Asimismo, concede diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que presenten sus correspondientes escritos de acusación. Y, una vez que se resuelvan los recursos, si se presentan, la sustituta de Acayro podrá acordar la apertura de juicio oral y remitir ambos casos a Santander para que sean juzgados.

Respecto al caso de los 'sobresueldos' en el que están imputados los tres últimos alcaldes de Castro Urdiales (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González), junto a otras once personas, entre expolíticos y funcionarios, Acayro asegura que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna». En un auto de 62 páginas, el instructor asegura que hay acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, «sin superar proceso selectivo alguno», a los que suma otros 14 «puestos claves» ocupados mediante contratación o designación directa. «Para ocupar estos puestos también se ha designado 'a dedo' a funcionarios de grupo de titulación o categoría profesional inferior al puesto a ocupar, al margen de la legalidad, sin ningún tipo de proceso».

Viviendas sin servicios

Respecto al caso que afecta al desarrollo urbanístico del APD-2, en el que están imputadas 12 personas, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, Acayro sostiene que se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, «sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias».