Serna y Díaz reclaman cobrar la diferencia entre su sueldo de funcionario y el de consejero

El que fuera consejero de Ganadería en el Gobierno de Juan Hormaechea entre 1987 y 1993, Vicente de la Hera, solía quejarse de que cobraba más como jefe de Servicio de la Administración, con la antigüedad que tenía, que como consejero. Eso no le pasaría en la actualidad. Apelando a una ley aprobada hace quince años, tres altos cargos del Gobierno de Ignacio Diego reclaman ahora cobrar la diferencia entre sus sueldos de funcionarios y de consejeros. Es decir, recuperar el dinero -114.000 euros entre los tres- que han dejado de ganar en sus cargos durante los últimos cuatro años. En este tiempo han ganado 56.828 euros brutos al año, en el caso de los consejeros Miguel Ángel Serna y Leticia Díaz, y 60.577 euros, en el caso del director general de Justicia, Ángel Santiago Ruiz.

Fue precisamente Santiago Ruiz, fiscal coordinador de segunda categoría, el que inició las reclamaciones el pasado 9 de abril, cuando descubrió que la Ley 10/1999 del 27 de diciembre, incluida en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto del año 2000, recogía que los funcionarios fijos que cobrasen menos como altos cargos que en su puesto de origen podían exigir la diferencia. Después, se apuntaron los dos consejeros. «Debería aplicarse automáticamente, pero las personas que tenían que incluirlo no lo hicieron. No tiene nada que ver con ganar o perder las elecciones ni se trata de un finiquito ni está involucrado el presidente del Gobierno. Se trata de un asunto personal», explicó el todavía director general. «He tenido una pérdida importante de ingresos y es un derecho», añadió.

Miguel Ángel Serna, ingeniero de Caminos por la Universidad de Cantabria, también percibía una nómina más elevada en el cargo al que accedió en 2010 como vicerrector de Relaciones Internacionales de la UC. Leticia Díaz, licenciada en Derecho, desempeñaba el puesto de letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional, especializada en protección de menores.

Ahora, el responsable en funciones de Educación, Cultura y Deporte cuantifica esas 'pérdidas' en 65.000 euros; su homóloga de Presidencia y Justicia, en 4.000 euros; y el director general de Justicia, en 45.000 euros. Unas cantidades que cuentan con el visto bueno de los informes jurídicos de la Administración, según Santiago, pero que se han encontrado con un obstáculo en Hacienda. «Nos pone un reparo de legalidad. No sabemos más. Estamos disgustados y sorprendidos. Lo tendrán que aclarar ellos, no entendemos el problema», reconoció Santiago en una conversación con este periódico.

Sin embargo, en un comunicado posterior firmado por Díaz, Serna y el propio director general, se niega que existan esas dificultades: «Es falso que exista impedimento legal alguno al cobro de los atrasos correspondientes, toda vez que las resoluciones favorables, con todos los informes preceptivos, han sido debidamente notificadas a los funcionarios solicitantes».

El consejero de Presidencia y Justicia entre 2003 y 2007, Vicente Mediavilla (PRC), se mostró ayer «sorprendido» por la existencia de una normativa de la que «nunca he oído hablar y tampoco a nadie que la haya aplicado», al menos durante el tiempo en que él estuvo al frente de la Consejería.

Desde el actual Ejecutivo citan dos precedentes, dos personas que se acogieron a la ley cántabra para cobrar esa diferencia de nómina: Luis Romasanta y José María Molero. Este periódico ha confirmado que ambos ya habían abandonado sus altos cargos antes de que existiera la citada normativa. El primero fue interventor general del Gobierno regional entre 1995 y 1998, mientras que el segundo cesó por motivos personales de la Dirección General Jurídica a comienzos de 1999. Esta paradoja se explica, según el PP, en que «ya con anterioridad a la aprobación de la norma funcionarios que perdían retribuciones respecto de su puesto de origen en la Administración percibían un complemento de productividad como compensación a esa pérdida retributiva».

En Andalucía, donde también existe una ley similar, hay tres altos cargos que, según el Gobierno de Cantabria, sí han estado cobrando esa diferencia. Se trata del exconsejero de Justicia e Interior, el fiscal Emilio de Llera, y su exviceconsejera, la magistrada María Asunción Peña, así como la actual consejera de Educación, la rectora Adelaida de la Calle, que solo lleva seis días en este cargo y, por tanto, todavía no ha cobrado ninguna nómina.

En todo caso, desde Presidencia matizaron que «si no han existido reclamaciones inmediatamente anteriores ha sido porque las retribuciones de los altos cargos del anterior Gobierno eran superiores a las del actual o porque no existían las circunstancias exigidas en la norma para su abono».

Además de que el ámbito de aplicación es muy pequeño -son pocos los funcionarios que cobran más en su puesto que como alto cargo del Gobierno-, la ley tiene un plazo de prescripción de cuatro años, por lo que no habrá avalancha de reclamaciones de exconsejeros de legislaturas pasadas reclamando lo suyo.