La Audiencia da carpetazo al ‘caso GFB’ aunque cree que hubo una gestión «irresponsable»

Tres años después de que el Gobierno de Ignacio Diego judicializará el caso GFB, la fábrica de fibroyeso de Orejo que recibió decenas de millones de euros en ayudas públicas pero nunca llegó a abrir, la Audiencia de Cantabria ha dado carpetazo al proceso. Todos los imputados, entre los que se encontraban los exconsejeros socialistas Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y el actual consejero delegado de la empresa pública Sodercán, Salvador Blanco, pueden respirar tranquilos.

El tribunal ha zanjado el asunto diciendo que no hay delito alguno. Ni hubo malversación de fondos públicos, ni administración desleal ni tampoco fraude de subvenciones, como sostuvo el Ejecutivo del PP. Sin embargo, la victoria en el ámbito penal se ve enturbiada por una dura crítica del tribunal hacia la gestión «irresponsable» que hicieron los imputados de los fondos públicos. No hay reproche penal, pero sí ético. El auto judicial declara el archivo de la causa, pero en el camino hay una censura mordaz hacia la actuación de los responsables públicos en este proyecto. El tribunal acuerda el sobreseimiento libre de los imputados, lo que deja abierta la vía del recurso ante el Tribunal Supremo, una decisión harto improbable dado el cambio del color político en el Gobierno regional. Porque esta causa tiene su origen en la comisión de investigación que propició el anterior Ejecutivo al poco de tomar posesión de la sede de Puertochico. Las indagaciones parlamentarias, aprobadas por la mayoría popular, terminaron en Fiscalía, y la institución pública las llevó hasta el juez al considerar que había indicios de delito.

Ante el magistrado instructor declararon como imputados los exconsejeros socialistas Agudo y Pesquera; los exdirectivos de Sodercán, Salvador Blanco, que en esta legislatura ha vuelto a la dirección general de la empresa pública, José Villaescusa y Francisco Royano, además de los máximos responsables de la firma costarricense Pujol Marti, socios de la empresa pública en el proyecto.

El fiscal y el Gobierno del PP, que ejerció la acusación particular en el proceso, les acusaron de malversación de fondos públicos y administración desleal por pagar a los socios costarricenses un sobreprecio de 12 millones de euros por una maquinaria con deficiencias, que exigió una puesta a punto que supuso un desembolso añadido de cinco millones de euros. Además, se gastaron otros 3 millones de euros en la compra de materias primas (placas de fibroyeso) que incumplían los requisitos técnicos y no se pudieron vender nunca, y se contrataron 42 trabajadores, cuando la empresa nunca funcionó. El juez que investigó el caso, Jaime Parra, archivó la causa al entender que no había pruebas suficientes de esos delitos, aunque aplicó un severo correctivo a la actuación de los administradores públicos y privados. El sobreseimiento, ahora hace un año, supuso un duro revés para el Gobierno del PP, que vio cómo fracasaba su estrategia de poner ante la justicia a sus predecesores. Lo mismo había ocurrido con otras iniciativas judiciales impulsadas por el Ejecutivo de Diego, como el caso Cantur o el de la casa de los gorilas de Cabárceno. Por eso, no se aquietó y recurrió el archivo ante la Audiencia, cosa que no hizo el Ministerio Fiscal.

Ahora, ese tribunal vuelve a exonerar a los encausados. Dice que su actuación fue «poco ética e incluso es probable que deba tener consecuencias en el ámbito mercantil o en otros órdenes distintos al penal», pero estima que no hay «indicios suficientes» de que haya habido «enriquecimiento personal o de un tercero». Lo mismo que dijo el juez Parra. Sostienen los magistrados de la sección tercera de la Audiencia que la gestión que hicieron los consejeros de GFB y Sodercán del dinero público «supuso un derroche de fondos públicos», pero a renglón seguido añade que no hay evidencias de que incorporaran a su patrimonio esos caudales. A juicio del tribunal, el pago del sobreprecio, los gastos «elevadísimos» en sueldos y dietas, el «sobredimensionamiento de las operaciones sin informes técnicos solventes, etc. son «una muestra evidente de lo que no debe ser una adecuada y responsable gestión de dinero público, que ha ocasionado un evidente y considerable perjuicio económico a la Administración público y a los ciudadanos». Sin embargo, reitera que «estas operaciones irresponsables» no suponen que los imputados hayan metido la mano en el cajón, al menos no hay prueba de ello.

Tampoco hay evidencias de que una administración desleal. La gestión de la puesta en marcha de GFB fue «ineficiente», «poco responsable» e «irreflexiva» y supusieron un «despilfarro», pero el tribunal cree, de nuevo, que «no consta que haya habido ánimo de perjudicar ni una extralimitación de facultades» por parte de los imputados. En cuanto a la supuesta contratación fraudulenta de trabajadores para obtener subvenciones públicas, la Sala salva otra vez a los encausados, al considerar que estaban convencidos de que el inicio de la actividad era inminente puesto que la mayor parte del proyecto estaba ejecutada.