AMA reclama a las instituciones una solución a los derribos en 2016

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a la mayoría de los propietarios de viviendas con sentencias firmes de derribo en Cantabria, ha instado a las instituciones públicas a resolver este problema en 2016, después de un año 2015 con "luces y sombras". En un comunicado, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha hecho un balance de 2015, que considera "bipolar", con aspectos positivos y negativos para los propietarios de viviendas con sentencias de derribo en Cantabria, y ha confiado en que 2016 acabe con "este mal sueño".

El balance de AMA se produce apenas unas emanas después de conocerse la anulación por el Constitucional del artículo que modifica la Ley del Suelo de Cantabria para permitir que las sentencias de derribo quedarán suspendidas provisionalmente hasta que se aprobasen nuevos planes urbanísticos que permitieran su legalización

Entre los aspectos positivos ha señalado los convenios firmados con el Gobierno de Cantabria que garantizan a las familias afectadas su patrimonio, aunque ha recordado que faltan propietarios por tener esa opción, lo que ha reclamado a la "mayor brevedad posible". También ha destacado medidas legislativas como la que establece que cuando las administraciones públicas sean las condenadas, antes de producirse el derribo se tiene que indemnizar a las familias afectadas. Y ha resaltado el papel del Parlamento de Cantabria, donde nacieron normas que luego fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos en el Senado.

Asimismo, Vilela ha valorado como positiva la aprobación del abono de los daños morales a una parte importante de los afectados, a través del procedimiento administrativo, aunque ha pedido que esas indemnizaciones lleguen a todas las familias, ya que, según ha argumentado, "todas han sufrido el daño".

En el lado negativo, Antonio Vilela ha situado las sentencias judiciales, como las de Pepín Cano, con la pérdida de dos tercios del valor patrimonial, y la Munargo, con la declaración de nulidad sobre el estudio de detalle de esta urbanización. También ha lamentado que el Tribunal Supremo haya anulado el Plna General de Marbella de Marbella con lo que se "extiende la teoría de la desviación de poder", lo que hace, según ha añadido, "tremendamente difícil la regularización de las viviendas".

Y la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegales las autorizaciones provisionales, lo que Vilela ha indicado que deja "en una situación muy complicada el poder llevar los PGOU en tiempo y forma ante la Sala de lo Contencioso Administrativo" del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Para el nuevo año, Vilela ha expuesto que AMA "requiere al Gobierno, a los ayuntamientos y a la Justicia, que tienen la obligación de acabar con esta situación tan dura e injusta para cientos de familias, que estas instituciones han creado, y que sus consecuencias repercuten en todos los ciudadanos de Cantabria".