Las eólicas piden al Estado que anule los parques que tiene en "vía muerta"

La Asociación Eólica de Cantabria (AEC) ha instado al Estado a solucionar el previsible problema que puede suponer el solapamiento de proyectos eólicos entre los que se están tramitando en la Consejería de Industria y los que en su día se presentaron en el Ministerio. El problema es que al menos cinco de los 14 proyectos que se han presentado en la región (cuya tramitación corresponde al Gobierno cántabro), en concreto por Biocantaber y el grupo Oxital, coinciden geográficamente con los que está gestionando la Administración central y no se pueden desarrollar hasta que el Estado resuelva, porque los suyos se presentaron con anterioridad y tienen prioridad.

Agustín Valcarce, presidente de la AEC, considera que muchos de los parques cuya tramitación se sigue en el Ministerio pueden estar «completamente obsoletos y en vía muerta». En muchos casos, insiste, «ni siquiera tienen detrás una empresa que los siga impulsando». El representante del sector eólico contrapone a esta situación «la voluntad real» de varias empresas promotoras que continúan la tramitación de sus proyectos en Cantabria a través de la administración regional.

Valcarce pide asimismo al Gobierno regional que se muestre «decidido» y no paralice las tramitaciones de parques cántabros en aquellos lugares en los que se produce el citado solapamiento.

Los inversores consideran el solapamiento de proyectos sobre el mismo territorio como un «elemento desincentivador» porque añade incertidumbre al proceso, con la particularidad de que «debería ser muy sencillo por parte del Ministerio cerciorarse de si los proyectos suprarregionales son sólo papel mojado o no».

Tal y como señala Valcarce, muchos de esos parques fueron presentados hace más de diez años con una documentación mucho menos exigente que la que se solicita en Cantabria y «obviamente desfasada» por la propia evolución de la normativa en materia de energía durante los últimos años.

La Asociación Eólica de Cantabria asegura que «no se entiende que el trabajo de inversores reales trabajando en nuestra región se frene otra vez porque el Estado no pueda colaborar con la comunidad autónoma para favorecer el desarrollo de un sector que cada vez suma más adhesiones en Cantabria». Asimismo, cree que «no parece razonable que la Administración regional no pueda ejercer sus competencias en evaluación de impacto ambiental o en política energética cuando su territorio se ve afectado de una manera evidente».

Agustín Valcarce exige al Estado colaboración para clarificar la solidez de los proyectos bajo su control y recuerda que los continuos retrasos de todo tipo que ha sufrido el desarrollo eólico en Cantabria «sitúan a nuestra comunidad a la cola de las regiones de España en aprovechar las oportunidades ambientales, económicas y sociales que brinda esta energía renovable».

Inversión de 720 millones

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la tramitación de 14 parques eólicos -hay otras dos autorizaciones ya concedidas que podrían construirse mañana mismo si la empresa quiere- a petición de tres empresas, con una potencia de 600 megavatios (de los 707 que hay en juego), una inversión superior a los 720 millones de euros y que supone la implantación, en el momento en que todo esté desarrollado, de unos 210 molinos. Pero el límite máximo de la potencia no se desarrollará «ni en esta legislatura ni en la siguiente», según reconoce el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, quien insiste en que «una cosa es la tramitación, otra la autorización, y luego está la decisión de los promotores de poner en marcha los parques».