El 'caso GFB' ya es historia

La decisión del Ejecutivo era la esperada. Nadie podía imaginar que el Gobierno de PRC-PSOE tirara piedras contra su propio tejado y siguiera el juego al PP. Porque fue el Ejecutivo de Ignacio Diego quien, en la anterior legislatura, auspició el proceso contra los exconsejeros socialistas Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y el actual consejero delegado de la empresa pública Sodercán, Salvador Blanco, amén de otros implicados de inferior rango. Diego inició su mandato con dos comisiones parlamentarias para investigar la actuación de sus predecesores en Cantur y en GFB, el proyecto fallido del bipartito durante la legislatura 2007-11.

Las conclusiones de ambas indagaciones terminaron en los tribunales y culminaron en el archivo judicial por ausencia de delito, aunque con reproches hacia la gestión.

En el 'caso GFB', la Audiencia confirmó el pasado mes de diciembre lo que ya había dicho el juzgado meses antes, que no hubo malversación de fondos públicos, ni administración desleal ni tampoco fraude de subvenciones, como acusó el Ejecutivo del PP y la Fiscalía. El Ministerio Público se aquietó y no recurrió la decisión del juez de instancia, pero el Gobierno de Diego sí, y pidió a la Audiencia que revocara el archivo y llevara a juicio a los imputados.

El tribunal no atendió la petición y confirmó el archivo del procedimiento penal, pero al mismo tiempo dejaba por escrito una censura mordaz hacia la actuación de los responsables públicos del proyecto. El tribunal acordó el sobreseimiento libre de los imputados, dejando así abierta la posibilidad del recurso ante el Supremo, una decisión que se presentaba harto improbable dado el cambio del color político en el Gobierno regional. Y efectivamente, transcurrido el plazo previsto para impugnar el auto de la Audiencia, el actual Ejecutivo no ha movido ficha, mostrando así su consentimiento con el carpetazo judicial del caso.

«Poco ética»

La Audiencia sostuvo que la actuación de los imputados fue «poco ética e incluso es probable que deba tener consecuencias en el ámbito mercantil o en otros órdenes distintos al penal», pero no vio «indicios suficientes» de que haya habido «enriquecimiento personal o de un tercero», lo mismo que dijo el juez Jaime Parra en su instrucción. Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia entendieron que la gestión que hicieron los consejeros de GFB y Sodercán del dinero público «supuso un derroche de fondos públicos», pero no encontró evidencias de que incorporaran a su patrimonio esos caudales. A juicio del tribunal, el pago del sobreprecio de la maquinaria, los gastos «elevadísimos» en sueldos y dietas, el «sobredimensionamiento de las operaciones sin informes técnicos solventes, etc... son «una muestra evidente de lo que no debe ser una adecuada y responsable gestión de dinero público, que ha ocasionado un evidente y considerable perjuicio económico a la Administración público y a los ciudadanos». Sin embargo, reitera que «estas operaciones irresponsables» no suponen que los imputados hayan metido la mano en el cajón, al menos no hay prueba de ello.

La conformidad del actual Ejecutivo con la decisión de la Audiencia cierra definitivamente el caso, que pasará a la historia como uno de los grandes fiascos de la Administración cántabra. Tras el fracaso empresarial, la fábrca fue adquirida en subasta pública por la firma alemana Fermacell, que inició la actividad en 2013.

Críticas de Ciudadanos

Sobre la decisión del Gobierno de no recurrir el archivo del caso, el partido Ciudadanos (C's) ha considerado que es "una falta de respeto a todos los cántabros".

"No recurrir el archivo de la causa o no llevarlo al ámbito mercantil para depurar responsabilidades da muestras una vez más de una falta de respeto a todos los cántabros, mientras miles de familias en cuyas casas no entra un sueldo, comprueban como estos políticos dilapidan millones de euros de dinero público sin dar explicaciones", ha señalado la formación naranja en un comunicado.