Un informe de Sanidad prueba que el contrato de Valdecilla «está bien hecho jurídicamente»

Díaz Tezanos, que fue cuestionada por este asunto durante su visita a Fitur, aseguró que el procedimiento y los requisitos para revertir este macrocontrato, que asciende a 760 millones de euros (más IVA), son los que recoge la Ley de Contratos. De esta forma, siempre habrá posibilidad de tumbarlo si pudiera ser «lesivo» para la comunidad autónoma o en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en él.

Mientras llega esa resolución que decidirá el futuro del contrato suscrito por el Gobierno de Ignacio Diego (PP), desde la Consejería de Sanidad se «sigue adelante» con todas las medidas introducidas para vigilar de cerca cada paso dado por la concesionaria. La primera de ellas, y así lo recordó Real, fue la constitución de una comisión interna, formada por profesionales del Servicio Cántabro de Salud y de Valdecilla, encargada de hacer un seguimiento estrecho del funcionamiento y la calidad de los doce servicios externalizados. Un control a cargo de personal propio que dejaba vacío de contenido el contrato firmado por la Gerencia anterior del hospital con la UTE Hill Antares, por el que esta iba a recibir casi 650.000 euros en dos años. Así que la Administración rompió con esta consultora externa, ahorrándose en la operación cerca de 400.000 euros.

Auditoría y estudios

Pero la vigilancia del Gobierno no se dirige solo a la gestión de los servicios, sino que abarca también a las obras de las Tres Torres, tras comprobar que hubo «falta de un control riguroso». Esta fue la justificación que dio la Consejería para encargar la auditoría con la que quiere comprobar si las nuevas instalaciones de Valdecilla se construyeron como se proyectó en el plan funcional, incluidas las modificaciones acordadas a posteriori. La adjudicación de este contrato es cuestión de días. La Gerencia del SCS ya ha seleccionado la oferta más ventajosa de las tres presentadas valorada en 37.500 euros, con una rebaja del 25% sobre el precio inicial.

En paralelo, también ha firmado un convenio con la Universidad de Cantabria, en virtud del cual «se van a realizar dos estudios», recordó Real. El primero es una comparativa del coste del contrato de colaboración público privado con lo que hubiera supuesto terminar el hospital y gestionar los servicios con el procedimiento habitual. Es decir, manteniendo la fórmula de varios contratos, en lugar de optar por el monopolio de una empresa. Esta investigación enlaza con otra sobre los costes y beneficios empresariales.

El Ejecutivo quiere conocer a fondo la rentabilidad de cada servicio en manos de Ferrovial-SIEC o, lo que es lo mismo, el margen de beneficio que le queda a la concesionaria, que el pliego del contrato fija en un máximo del 12%. Todo lo que sobrepase ese porcentaje debe revertir a las arcas de la Tesorería de la Administración regional. Y un exceso de ganancia empresarial podría ser interpretado como un perjuicio para la comunidad. El estudio en el que la Universidad trabajará en los próximos meses se esperan las primeras conclusiones para primavera incluye también un análisis de lo que representa económicamente el contrato para el presupuesto de Cantabria, en relación a los modelos implantados en otras regiones. Ambos estudios le costarán a la Administración más de 42.000 euros 21.175 euros cada uno.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo insistió en que «si vemos la posibilidad de que el informe definitivo que elaboren los servicios jurídicos pudiera avanzar que este contrato es lesivo para la comunidad autónoma, desde luego la Ley de Contratos sí que permite revertir ese contrato». Incluso «existe la posibilidad de anularlo de forma unilateral, pagando la indemnización que corresponda», apostilló la consejera de Sanidad. Real aclaró que el informe elaborado por los técnicos de su departamento en ningn caso supone renunciar al objetivo de su partido, que no es otro más «devolver la gestión pública a la sanidad. Ya he dicho en varias ocasiones que no compartimos el modelo de gestión impuesto por el Partido Popular, porque conlleva problemas de funcionamiento en el día a día del hospital». Y reiteró que «tanto profesionales como pacientes somos inquilinos del nuevo edificio de Valdecilla, lo que implica que hasta para mover un tabique hay que depender de la empresa privada».