El PRC quiere promover un cambio de la Ley de Hidrocarburos para prohibir el fracking

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, y el diputado Fernándo Fernández, también alcalde de Valderredible, han anunciado que esta medida también presente que la Cámara regional inste al Gobierno de Cantabria a que utilice todos los medios legales a su disposición para paralizar el desarrollo y declarar la nulidad de todas las actuaciones que se impulsen, favorezcan o promuevan el uso de la fractura hidráulica en el territorio cántabro.

Para ello, la formación liderada por Miguel Ángel Revilla solicita al Ejecutivo que impulse la aprobación y declaración de figuras de protección como "paisajes cultural, monumentos, lugar cultural, conjuntos históricos o zonas arqueológicas" que sean solicitadas por los Ayuntamientos para evitar que se desarrolle esta técnica en cualquier ayuntamiento de la región. En la actualidad, según recordaron los diputados regionalistas, hay cinco permisos vigentes en Cantabria, que afectan "a dos terceras del territorio de la región".

Esta proposición no de ley llega después de que el Tribunal Supremo (TS) avalase los permisos de Bezana-Bigüenzo para investigar la posible extracción de gas mediante fractura hidráulica en el sur de Cantabria. En concreto, las autorizaciones concedidas a Petrolium Oil & Gas de España afectan a zonas de Valdeprado del Río, Valderredible, Campoo, norte de Palencia y Burgos. ue precisamente Valdeprado del Río quien recurrió ante el Alto Tribunal el acuerdo del Consejo de Ministros que ratificaba el permiso que ahora, no solo no le da la razón sino que le condena en costas.

El pasado mes de diciembre, la Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Cantabria entregó más de 10.000 firmas para pedir al Ministerio de Industria que se suspendan dos de los grandes permisos de investigación de hidrocarburos en la región. El Bezana-Bigüenzo, ratificado ahora por el TS, y el permiso Luena. Alegaban que las dos empresas solicitantes, Repsol y Gas Natural Fenosa, han incumplido los plazos previstos para ejecutar los trabajos autorizados por Industria y para las declaraciones de impacto ambiental a las que deben someterse los permisos de fractura hidráulica.