Hacienda rescata 88 millones en la lucha contra el fraude en Cantabria

España es un país de defraudadores. Los hay ricos y muy ricos, que son los que aparecen en las famosas listas que el ministro Montoro amenaza con publicar de vez en cuando y que la sociedad reclama conocer en detalle. Con nombres y apellidos y en Internet, que es la plaza pública donde el pueblo ajusticia en el siglo XXI. Pero los 15.664 millones de euros que la Agencia Tributaria recuperó en 2015 en su lucha contra el fraude una cifra récord en su historia que supera en un 27,2% la conseguida el año anterior también llevan la firma de grandes, pequeñas y medianas empresas, autónomos y trabajadores anónimos que nunca saldrán en la revista Forbes. De los que niegan con la cabeza cuando el mecánico les pregunta si quieren factura. España es la décima potencia mundial en este campo, según un informe de la organización Tax Justice Network. Y Cantabria sólo es una pieza más del dominó.

Hacienda recuperó el año pasado 88 millones de euros ocultos en la región, según los datos facilitados por el propio Ministerio a este periódico. Un 12% más que en 2013 y un 19% superior a la de hace cinco años, por ejemplo. La cifra global se incrementa hasta los 116 millones si se tienen en cuenta las cuotas descubiertas ahora, pero que se prevé ingresar en ejercicios futuros.

Una cantidad más modesta son los dos millones de euros que espera recaudar la Agencia Cántabra Tributaria este año en la lucha contra el fraude en los impuestos que le competen directamente.

El director del organismo estatal, Santiago Menéndez, explicó que este resultado se debe, sobre todo, al refuerzo de la actuación inspectora sobre grandes contribuyentes, la economía sumergida y las actuaciones para el cobro efectivo de las deudas tributarias. Un reciente estudio del departamento de Economía de la Universidad de Cantabria refleja, precisamente, que esa economía sumergida regional alcanza ya el 22,4% del Producto Interior Bruto. Es decir, más de 2.600 millones de euros. El doble de lo aportado por el turismo en las cuentas autonómicas y más que todo el impacto del sector industrial en el PIB.

Uno de los métodos principales de Hacienda para recuperar esos 88 millones de euros fueron los llamados peinados, operaciones destinadas al control in situ en sectores de riesgo fiscal. Es decir, situaciones en las que los inspectores acuden en persona. La Agencia realizó 328 actuaciones de este tipo en Cantabria el año pasado, un 47% más que el ejercicio anterior. Y también 214 acciones de comprobación extensiva a empresas incluidas en el censo de grandes compañías, lo cual supuso un incremento de casi el 40% respecto a 2014.

Pero la batalla se libra, sobre todo, tras la pantalla del ordenador. Las unidades de auditoría informática participaron en Cantabria en siete operativos que, según Hacienda, resultaron «de gran eficiencia» para la detección del software de ocultación, programas que encubren los cobros en dinero B, especialmente en negocios que manejan mucho líquido. En nuestra región se fiscalizaron distintos sectores con este método, sobre todo el de la alimentación.

'Operación Presunto'

Precisamente, el año pasado la Agencia Tributaria asestó un gran golpe a las ventas en negro en la industria cárnica con una operación a nivel nacional que afectó a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector. En la actuación participaron 330 funcionarios, con el apoyo de 45 agentes de policía, que registraron 73 sociedades en 15 comunidades autónomas, incluida Cantabria, cuya facturación asciende a 650 millones de euros. Además, han abierto inspecciones a 25 personas vinculadas con estas empresas. Los resultados de la bautizada como Operación Presunto (jamón, en portugués) computarán en los datos de lucha contra el fraude de 2017.

En el área de Recaudación también destacó el incremento producido por ingresos obtenidos a consecuencia de enajenaciones por subastas, especialmente de bienes muebles embargados, vehículos y embarcaciones, y los procedentes de actos de derivación de responsabilidad a terceros distintos del deudor principal.

Hacienda también revocó el NIF a 130 sociedades de la comunidad autónoma por no estar al día con sus cuentas. Al revocar el número de identificación fiscal, se congela la actividad de las empresas y autónomos afectados, puesto que les imposibilita para ordenar cargos, gestionar depósitos y efectuar abonos. Comercios, negocios, hosteleros y, sobre todo, constructoras y promotoras e incluso empresas de transportes y reformas, constituyeron una abrumadora mayoría de las 130 sociedades sancionadas, 4.000 en todo el país.

Las principales novedades para 2016 las pondrá en marcha la ACAT: la inspección del pago del canon de saneamiento y la revisión en profundidad de los domicilios fiscales. Las empresas, más que los ciudadanos, serán examinadas con lupa para que cumplan con el primero, un impuesto con el que el Gobierno espera recaudar 36,5 millones de euros en total. Para el segundo no hay cifras concretas, pero se quiere acabar con los casos de personas que viven en Cantabria pero declaran residir en Madrid para pagar menos.