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efe
Lunes, 28 de marzo 2016, 16:50
El Gobierno de Cantabria ha destacado que trabaja de forma "estrecha" y "permanente" con los ayuntamientos para tratar de resolver el problema de las viviendas con sentencias de derribo, ha añadido que hay "muchísima coordinación" y ha lamentado la posición "partidista" de Argoños ... y Escalante.
"Para nosotros es una gran preocupación y una prioridad. El objetivo es dar una solución a los afectados, que son víctimas inocentes", ha afirmado ante los medios de comunicación la vicepresidenta y consejera de Urbanismo, Eva Díaz Tezanos.
La asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se ha concentrado hoy ante las sedes del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y del Gobierno regional tras manifestarse en Argoños para mostrar su indignación porque este ayuntamiento y el de Escalante presentaron un calendario de derribo para 287 viviendas.
La vicepresidenta se ha reunido con representantes de este colectivo y también se ha dirigido a las cerca de 200 personas que se han desplazado hoy a Santander para movilizarse y que estaban protestando ante el Gobierno.
Escalante y Argoños
Díaz Tezanos ha explicado a los medios de comunicación que antes, esta mañana, se había reunido junto al equipo de Urbanismo del Gobierno con el alcalde de Escalante, Juan José Alonso (PP), después de que él lo pidiera.
Según lo que ha trascendido de ese encuentro, el alcalde ha trasladado al Gobierno que la informaciones que han aparecido sobre que su ayuntamiento y Argoños, también gobernado por el PP, han respondido a los requerimientos del TSJC con un calendario para el derribo de casi 300 viviendas sería un malentendido o una "tergiversación".
Díaz Tezanos ha declinado explicar el por qué de los escritos que han remitido estos consistorios al TSJC porque, a su juicio, eso les correspondería a ellos, pero ha asegurado que Escalante va a hacer una aclaración en ese sentido porque su postura es la misma que la del Gobierno.
Con Argoños, el Gobierno no ha tenido ninguna reunión pero ayer el alcalde, Juan José Barruetabeña, negó que haya dado luz verde a los derribos de viviendas declaradas ilegales, sino que acata una orden judicial aportando un calendario de ejecución.
Añadió que la posición municipal "se ha identificado por algunos interesadamente como luz verde a la demolición de las construcciones", cuando el plan de derribos ha sido impuesto.
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado la "sorpresa" por la postura de estos ayuntamientos y ha opinado que ésta es "una posición claramente partidista".
Díaz Tezanos ha rechazado que haya habido "dejación" por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). "Se está actuando desde hace nueve meses con total colaboración y coordinación", ha resaltado.
Reuniones "permanentes"
Según ha precisado, ha habido reuniones "permanentes", mensuales y semanales, con todos los ayuntamientos, incluidos Escalante y Argoños, que tienen viviendas con sentencias de derribo y con los que la colaboración es "estrecha" porque sus planes generales están en proceso de revisión.
De hecho, el nuevo planeamiento de Escalante afronta ya sus últimos trámites, ya que se prevé que se apruebe definitivamente "en semanas". Conforme a ese documento, las 32 viviendas con sentencias de demolición serían legalizables.
El plan general de Argoños está menos avanzado, pero de acuerdo con el documento que se ha aprobado inicialmente se tirarían 65 viviendas de 255 (54 en La Llana y once en Camino del Portillo).
"Lo que procede es llamar a estos ayuntamientos para que digan cómo está trabajando la Crotu con ellos con este Gobierno", ha destacado Díaz Tezanos.
La vicepresidenta ha afirmado que el Ejecutivo desconocía los calendarios planteados al TSJC por estos ayuntamientos y ha agregado que, en su caso, se mantiene la postura que en su día se trasladó al alegar respecto a la existencia de garantías indemnizatorias para los propietarios.
La postura del Gobierno es que los convenios que se están firmando con los afectados no son garantía suficiente de que estas personas vayan a ser indemnizadas, de manera que sería necesario consumar otros pasos antes del derribo.
621 familias afectadas
De 621 familias afectadas por sentencias de demolición en Cantabria, quedarían 59 del Camino del Portillo (Argoños) sin convenio, además de 20 propietarios de "Playa Marzán" de Miengo que ya han visto legalizadas sus casas por el Supremo.
Ahora hay que esperar a que la Sala de lo Contencioso resuelva sobre este tema.
La vicepresidenta ha subrayado que el Ejecutivo seguirá trabajando con los afectados para asegurar sus derechos y su patrimonio, porque "son víctimas inocentes". "Nosotros no creemos en soluciones mágicas ni en un urbanismo a la carta como vino haciendo el Gobierno del señor Diego y del PP", ha recalcado.
Y ha garantizado "la voluntad firma de colaboración y cooperación" con los ayuntamientos, a la vez que se cumplirá lo que dictaminen los tribunales de Justicia.
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