"Los culpables de los derribos están en las playas disfrutando"

En AMA se sienten "engañados" por las instituciones. "No puede ser que el que no es culpable esté, años tras años, pidiendo justicia, mientras los culpables están en las playas y disfrutando", ha denunciado su portavoz, Antonio Vilela, quien se ha referido a los "78 fallecidos" que se han producido desde que se originó este problema hace 20 años. A esto se suma la "complicada" situación económica, o que haya gente "sin dinero" para ir a una residencia y con su "patrimonio secuestrado".

Tras una primera parada en la sede judicial de Las Salesas, los afectados se han concentrado este lunes en la calle Peñaherbosa, frente al edificio del Gobierno autonómico. Allí han sido recibidos por la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y los directores de Medio Ambiente y Urbanismo.

En AMA temen que en "tres meses" se podría proceder al derribo de los 32 pisos del edificio Tres Torres de Escalante, y el próximo año a las 99 viviendas de la urbanización La Llana de Argoños. Y así se lo han advertido también, en otro encuentro posterior, l presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, José Luis López del Moral.

"No podemos hacer otra cosa"

López del Moral ha afirmado que los jueces no pueden "hacer otra cosa más que cumplir la ley", y ha abogado por garantizar los derechos de los afectados que puedan verse perjudicados.

El magistrado ha abundado en que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC debe actuar "con perspectiva de estricta legalidad" y "tomando en consideración siempre cuál es el objeto de una sentencia, que es su ejecución", pero también teniendo en cuenta "los perjuicios que se puedan derivar de esa actuación para terceros afectados".

"Eso es lo que está haciendo la Sala y realmente tampoco podemos hacer otra cosa más que cumplir la ley, porque esa es nuestra función", ha añadido.

López del Moral ha considerado que se tienen que "garantizar" los derechos de los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, terceros de buena fe "que no tienen nada que ver con la causa de esa ilegalidad". Y ha advertido de que habrá que ir "sentencia por sentencia" ejecutando lo que se ordena en ellas. "La Sala no puede hacer otra cosa", ha insistido.

Descoordinación

Antonio Vilela su parte ha mostrado su "sorpresa" por la postura de Argoños y Escalante al presentar el calendario de derribos. Cree Vilela que ante un mismo problema, todas las administraciones tienen que dar idéntica respuesta, más cuando la regional como las locales tienen una "responsabilidad grande" en los derribos. Así, rechazan que el Ejecutivo apueste por legalizar las viviendas y ayuntamientos como Argoños y Escalante por derribarlas.

También ha lamentado que el consenso existente en torno a este asunto se haya "deteriorado tanto" por la "descoordinación" que a su juicio hay entre las instituciones.

Al respecto, ha contrastado que mientras el Gobierno "dice una cosa" (el Ejecutivo es partidario de suspender la ejecución de los derribos) algunos ayuntamientos "dicen otra" y presentan calendarios para las demoliciones, cuando "todos" habían manifestado que la solución a los requerimientos de los tribunales era la aprobación de los planes generales de ordenación urbana.

"Justicia beligerante"

El presidente de AMA ha considerado que la justicia ha sido "tremendamente beligerante" con "cualquier solución planteada", y ha recordado al respecto (entre otros ejemplos) la postura de la Sala de lo Contencioso del TSJC con las autorizaciones provisionales, aprobadas la pasada legislatura para tratar de evitar los derribos hasta la aprobación de los nuevos planes urbanísticos municipales, y figura que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y anulada.

Asimismo, ha considerado que los miembros de la Sala del TSJC han sido igualmente "beligerantes" con las resoluciones orientadas a garantizar las indemnizaciones antes de los derribos.

Mientras, los afectados insisten en su postura, que pasa por que se legalice "lo que se pueda legalizar" y se "indemnice" al resto de propietarios al precio que marca el mercado.