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Gonzalo Sellers
Viernes, 1 de abril 2016, 07:17
La tormenta política que arrastra el caso Racing no amaina a pesar de que el proceso judicial lleva ocho meses dormido, a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos presentados por los acusados, entre ellos los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y ... Ángel Agudo (PSOE). Cantur, la empresa pública del Gobierno que lleva la acusación, ha decidido cesar al que ha sido su letrado durante toda la causa, Javier Noriega, y contratar a Miguel Burgada, vicedecano del Colegio de Abogados de Cantabria. Una decisión que ya se venía fraguando desde el pasado verano, cuando las elecciones volvieron a dar las llaves de Peña Herbosa al bipartito.
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Octubre de 2013
. El Gobierno del PP anuncia la querella contra Ángel Agudo y Francisco Javier López Marcano por la venta del club a Ali Syed.
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Enero de 2015
. La jueza Paz Hidalgo amplía la investigación a la subvención de 22 millones de euros concedida por el Gobierno regional en 2005 al club.
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Junio de 2015
. Cantur pretende pedir ocho años de cárcel para Marcano y Agudo y también para el que fuera responsable de las empresas públicas ICAF y CEP Cantabria, Luis Egusquiza, y siete para el expropietario del club, Jacobo Montalvo.
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Julio de 2015
. La jueza paraliza el proceso hasta resolver los recursos presentados por los imputados.
- Marzo de 2016
. El Gobierno PRC-PSOE cesa al abogado contratado por el Ejecutivo del PP para llevar la acusación de Cantur.
Noriega, contratado por el Ejecutivo del PP con plenos poderes para actuar en su nombre en este caso, llevó con ahínco la investigación durante 18 meses y fue especialmente vehemente con la actuación de Marcano. Un perfil que no encaja con el rumbo menos beligerante que ahora Cantur, de nuevo en manos de los regionalistas, quiere dar al caso Racing. El Ejecutivo, eso sí, no puede retirarse del proceso al estar atado de pies y manos por el acuerdo con Podemos, que exigió a Miguel Ángel Revilla continuar con la acusación a cambio de apoyarle en su investidura como presidente.
Como no podía ser de otra manera, el PP saltó ayer a la yugular del Gobierno al conocer la noticia del cese de Noriega. Los populares consideran que se trata de una maniobra «evidente y grosera» para desactivar la acusación de la empresa pública contra los exconsejeros Agudo y Marcano. «Tenemos la fundada sospecha de que este cambio se debe a que el abogado que estaba representando a Cantur no ha querido plegarse a las directrices de dejar decaer la acusación y que, por tanto, para cumplir este objetivo de anular la acusación, era preciso acudir a otra representación legal», señaló el portavoz parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde.
Pero el PP no fue el único partido que ayer se llevó las manos a la cabeza por la decisión de Cantur. En Podemos, aunque el cese de Noriega no rompa el pacto de investidura, se sienten traicionados. El pasado lunes preguntaron en el Parlamento al presidente del Consejo de Cantur, Francisco Martín, por las novedades en el caso Racing. Y el consejero de Turismo contestó que no existía ninguna, a la espera de conocer la decisión de la jueza sobre los recursos.
Cuando el dirigente regionalista hizo estas declaraciones, habían pasado 21 días desde que Miguel Burgada había pedido la venia a Noriega. Es decir, que le diera el relevo oficial. En ese momento, Noriega se negó y pidió a la empresa que se lo comunicará oficialmente por escrito. No obtuvo contestación hasta esta misma semana, cuando recibió un mail en el que se le comunicaba que «prescindían de sus servicios». La decisión se había tomado en el Consejo de Administración de Cantur del 28 de marzo, lunes, antes de que Martín compareciera en el Parlamento ese mismo día.
Por esa razón, Podemos ya ha presentado una proposición no de ley en la Cámara para reprobar la actuación del Gobierno «al haber hurtado información». La iniciativa tiene visos de prosperar dado que la coalición PRC-PSOE está en minoría y es previsible que cuente con el apoyo del PP y Ciudadanos. Precisamente, el portavoz de Cs, Rubén Gómez, acusó al Ejecutivo de intentar «obstaculizar» la acusación de Cantur. El cese de Noriega, dijo, constituye «un intervencionismo del sinsentido y deja en dudas la clara voluntad de sus responsables de trabajar por los intereses de Cantabria por encima de intereses partidistas».
El abogado, en declaraciones a este periódico, aseguró que deja el caso con «la conciencia muy tranquila porque he metido mil horas en un trabajo, en defensa del interés público, del que estoy orgulloso». Noriega, de hecho, se hizo cargo del caso desde que el Gobierno del PP llevó a los tribunales la operación de compraventa del club en enero de 2011. El Ejecutivo ciñó la acusación a aquella actuación, pero la jueza Paz Hidalgo puso el retrovisor y revisó todas las actuaciones del Gobierno desde el año 2005.
En ese examen en profundidad se topó con el acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2005, por el que se autorizó una subvención de 22 millones de euros dos millones anuales hasta 2016 para salvar al club de una situación de insolvencia. Hidalgo vio un delito de malversación de fondos públicos en este acuerdo, y abrió una pieza separada para investigarlo en otro procedimiento. En total, la magistrada vio hasta diez hechos delictivos.
Alí y los millones
Sin embargo, tras más de año y medio de investigación, el fiscal del caso Racing, Enrique Sarabia, solo encontró dos actos que pudieran suponer un delito: el destino dado a la subvención que concedió el Goierno al club y la venta de la sociedad al magnate indio Alí Syed en enero de 2011. De este modo, el fiscal se adhirió en buena parte a los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados. La fecha de apertura de juicio oral quedó pendiente, desde julio del año pasado, mientras se resuelven estos recursos. Por eso, Noriega no entiende las razones de su cese, cuando el proceso lleva ocho meses parado. «No me pueden achacar una mala actuación porque no se ha movido ni un papel desde el verano», señaló.
El consejero Francisco Martín quiso restar ayer cualquier tipo de trascendencia política al cese del abogado. «Cada momento procesal justifica un perfil profesional, y Cantur ha decidido contratar otro perfil para las fases siguientes si se producen. Cantur mantiene su posición, eso es lo único relevante», señaló a este periódico.
El dirigente regionalista deberá dar más explicaciones en los próximos días en el Parlamento. Además de la reprobación de Podemos, el PP tiene pensado llevar de nuevo a la tribuna a Martín para argumentar el cambio de letrado. «Es casi una confesión de culpabilidad de los partidos que hoy están en el Gobierno. No tiene un pase que se sustituya al abogado que ha representado los intereses de Cantur en este proceso, ya que es quien conoce a fondo la instrucción de la causa», insistió Van den Eynde. «Ni PRC ni PSOE están interesados en depurar responsabilidades por unos hechos que la juez instructora del caso evalúa en un presunto quebranto a las arcas públicas de más de 43 millones de euros», subrayó.
Para Van den Eynde, el verdadero objetivo no es otro que «defender los intereses de los encausados que son destacados miembros de dichos partidos, y que como responsables de aquel Gobierno tuvieron presumiblemente una responsabilidad directa en los hechos que se están dirimiendo en los tribunales».
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