Las 449 viviendas legalizables en Cantabria siguen amenazadas dos décadas después

Arnuero: 102 viviendas de La Arena y ninguna es legalizable

La urbanización El Encinar, en la playa de La Arena, en Isla, fue una de las primeras que obtuvieron el rechazo de los tribunales. Construida en mitad de un encinar cántabro, que dio nombre a la construcción, la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó en 1994 que fueran demolidos los 144 apartamentos. Siete años después, el Supremo confirmó la sentencia y comenzaron los trámites para echarla abajo. No había legalización posible. Nueve años después, en abril de 2009, en medio de un gran despliegue policial fueron derribados 42 apartamentos que se encontraban en estructura y nunca fueron habitados. Fue una demolición histórica de edificaciones ilegales en la costa oriental de región. Quedan en pie 102 viviendas terminadas y ocupadas, pendientes de la piqueta. El Ayuntamiento de Arnuero es el único de los afectados por los derribos que ha hecho una reserva de suelo en el nuevo planeamiento para construir viviendas de sustitución en la zona de El Bocarrero. Existe un acuerdo judicial entre las partes implicadas (Arca, como denunciante, el Ayuntamiento y el Gobierno, como corresponsables del desaguisado urbanístico, y familias) para edificar nuevas casas, que podrían ser entregadas en 2018. Sin embargo, hasta ahora solo 69 propietarios han suscrito convenios con el Ejecutivo para ser indemnizados con otra vivienda.

Escalante: 32 viviendas del edificio Las Torres y todas son legalizables

Los 32 propietarios del edificio Las Torres se despacharon en julio de 1990 con una sentencia que ordenaba el derribo de toda la edificación porque había un exceso de volumen y ocupación e invadía espacios libres, una resolución que el Supremo confirmó en 1999. Sin embargo, el nuevo planeamiento urbanístico, aprobado provisionalmente y cuya aceptación definitiva podría producirse este verano, legaliza su situación, a reservas no obstante de lo que digan los tribunales.

El nuevo PGOU establece que en ese solar se puede construir un edificio similar, por lo que no tendría mucho sentido tirar una edificación donde acto seguido se puede levantar otra de similares características, según sostiene el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Rafael Losada. El Gobierno ha firmado con 26 de los 32 propietarios convenios para ser indemnizados en caso de que la sentencia se ejecute, cosa poco probable dada la regularización que establecen las nuevas normas urbanísticas. Este caso, a diferencia de la mayoría de los registrados, no fue impulsado por la asociación ecologista Arca, sino por un concejal socialista.

Argoños: 255 viviendas y al menos 11 no son legalizables

Es el caso más grave con diferencia, no sólo porque reúne la mayor parte de las viviendas amenazadas por la piqueta sino porque su ayuntamiento está en quiebra y no puede hacer frente a ningún pago, lo que deja a los propietarios en manos del Gobierno a la hora de ser indemnizados. En Argoños hay 255 casas con sentencia de derribo, y de ellas 11, situadas en Camino del Portillo (Las Llamas II), no son legalizables y están abocadas a desaparecer.

No obstante, existe incertidumbre también sobre otras 59 viviendas situadas en la misma zona que podrían ser insalvables al verse afectadas por el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Santoña, Victoria y Joyel. Según el plan de actuación del anterior Gobierno, estas casas podrían ser regularizadas con el nuevo plan urbanístico del municipio, pero el actual Ejecutivo tiene serías dudas, ya que considera que la edificación está en una zona afectada por el PORN. Pero además, en este caso la responsabilidad patrimonial corresponde únicamente el Ayuntamiento y no al Gobierno, de manera que los propietarios no tienen convenios firmados con el Ejecutivo regional que garanticen ser indemnizados en caso de demolición. Su indefensión es absoluta porque Argoños es un ayuntamiento quebrado, que no tiene un duro en sus arcas. Por eso, si la Administración autonómica no hace frente a este caso, las familias quedarán inmersas en el más profundo desvalimiento. Como en los casos anteriores, la tabla de salvación para el resto de las urbanizaciones del municipio es la nueva normativa urbanística, que está en fase de aprobación inicial y podría tener respaldo definitivo en dos años. Su alcalde Juan José Barruetabeña ha sido requerido en varias ocasiones para ejecutar las sentencias, hasta el punto de que llegó a ser juzgado por desobediencia y posteriormente absuelto tras demostrar que no era un díscolo, sino que carecía de medios económicos. El Gobierno es corresponsable con el Ayuntamiento en casi todos los casos, pero de los 255 afectados sólo han suscrito los convenios indemnizatorios 192.

En Argoños se da también otra peculiaridad. Es el único municipio donde algunos afectados han tirado la toalla y han entregado las llaves de sus casas al Ayuntamiento y al Gobierno. Según el Ejecutivo, ha enviado la propuesta de pago para indemnizar a tres de los afectados con 373.765 euros por cuatro viviendas, «pago que ya se ha ordenado y será hecho efectivo en breve». Se trata de dos propietarios de la urbanización Las Llamas II y otro que tiene su casa en la urbanización Pueblo del Mar.

Piélagos: 80 viviendas y 17 no son legalizables

Piélagos tiene 80 viviendas con sentencia de derribo, sin embargo todas ellas, menos 17 situadas en Cerrias I, en Liencres, tienen redención vía planeamiento urbanístico. Se pueden regularizar las 21 casas de la L-05, las 20 de Entrelindes y las 22 de Cerrias II, todas ellas en Liencres, según se establece en el PGOU, cuya aprobación definitiva se prevé para finales de 2017.

En todos los casos fue Arca quien recurrió las licencias y obtuvo las sentencias favorables, por eso ahora la asociación ecologista tiene puesta la lupa sobre la nueva normativa urbanística. La alcaldesa Verónica Samperio (PSOE) lo sabe. De hecho Arca ha presentado alegaciones al plan en contra de la regularización de esas tres urbanizaciones, según señala la regidora municipal. Sin embargo, Samperio no se amilana. «El PGOU va a salir sí o sí.Nos aseguraremos de su legalidad, pero necesitamos sacarlo adelante».

Miengo: 110 viviendas y todas son legalizables

Miengo respira tranquilo desde el pasado mes de marzo, cuando el Supremo validó que la franja de protección de costera eran 20 metros. Así salvó de la piqueta a las 20 viviendas de la urbanización Playa Marzán, con sentencia de derribo desde hace 20 años. Hay otras 90 viviendas construidas por Inmobiliaria Asva que ha sido legalizadas al amparo del nuevo plan urbanístico, aunque los propietarios tendrán que pedir las licencias nuevas.