Ayuntamientos, la fusión fría

A ver quién le pone el cascabel al gato. La frase es del hoy presidente regional, Miguel Ángel Revilla, hace seis años, pero resume la complejidad de un debate que aparece y reaparece sin resultados concretos: la unificación de ayuntamientos. El último intento de colocar ese cascabel fue del ministro Cristobal Montoro con la Ley de la Reforma Local de 2013 (entró en vigor el 1 de enero de 2014). Apenas se acercó al mínino.

La discusión en torno a la existencia de demasiados municipios salta en momentos de crisis, como pretendida medida de ahorro, o en campaña electoral, cuando la maquinaria de la propaganda requiere de ideas nuevas y frescas a cada segundo que sitúen al candidato en el foco mediático. ¿Hay demasiados ayuntamientos o no?, ¿sería una ventaja su fusión o no?, ¿se pierde la identidad local?, ¿se ganarían o se perderían recursos?

Cantabria ha sido especialmente inmovilista en este sentido y es la única región que no ha cambiado su mapa administrativo en los últimos dos siglos. Mientras otras regiones sumaban o restaban municipios, esta, ya sea como comunidad o como provincia, ha mantenido sus 102 ayuntamientos inalterables. De ellos, 82 tienen menos de 5.000 habitantes y una treintena no alcanza los mil.

Sin embargo, ahora el debate regresa sin campaña, al menos oficial, y sin la acuciante presión de la austeridad pública y es un partido pequeño (Vecinos por Liébana solo tiene un concejal) el que llevará a un pleno la propuesta de fusión entre Potes y Cillorigo de Liébana. Ninguno de los dos alcaldes implicados se ha mostrado favorable.

En Campoo, la fusión de ayuntamientos es una demanda expresada por muchos vecinos, que no ha ido más allá de las palabras. Sin embargo, Campoo de Enmedio ha creado una comisión intermunicipal, con la participación de todos los grupos, cuyo fin último, a largo plazo, sería la fusión con Reinosa.

Estas dos propuestas son las únicas que han salido del discurso político en Cantabria para debatirse en el propio ámbito municipal. A la Federación de Municipios (FMC) no le ha llegado ninguna propuesta para retomar el debate de la unificación de ayuntamientos. Su presidente, Pablo Diestro, considera, a título personal, que esta unión no es una buena idea si bien cree que sería necesario potenciar la mancomunidad de servicios que permita una mayor eficiencia y un ahorro de costes. Para Diestro, los ayuntamientos deben conservar sus casas consistoriales, sus alcaldes y concejales para no perder la identidad.

Sin duda, el mayor debate en torno a la fusión de ayuntamientos se produjo durante la tramitación de la Ley de la Reforma Local de 2013. Una herramienta con la que el Partido Popular pretendía ahorrar costes mediante la eliminación de diputaciones, ayuntamientos, concejales (hasta un 30%), y empresas municipales o la bajada de sueldos.

Sin embargo, la fortísima oposición de alcaldes derivó en una normativa mucho más tímida en la que ni se redujeron ayuntamientos (salvo decisiones voluntarias), ni se acabó con las diputaciones ni se redujeron concejales ni se eliminaron mancomunidades. Ni siquiera las pedanías desaparecieron.

Y tras un año de dura oposición, al final sólo dos pueblos gallegos se han fusionado desde entonces Oza-Cesuras y, por el contrario, se han creado seis municipios más en Cáceres, Granada y Málaga. Lo que sí trajo la reforma es una pérdida de competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes que pasaron a las diputaciones y gobiernos regionales.

El Partido Popular cántabro, incluso durante la reforma de la ley, se ha mostrado siempre más partidario de mancomunar servicios que de unir ayuntamientos.

En Cantabria, con esta ley ya en vigor, UPyD lanzó de nuevo la propuesta de ajustar ayuntamientos y pretendía dejar los 102 actuales en 17. Su idea fue recibida por el resto de partidos y la propia FMC como completamente fuera de lugar.

Sin embargo no era nueva y ya había vendido antes desde otras formaciones.En 2010 la entonces vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga (PSOE), planteó ante la Federación de Municipios la necesidad de repensar la organización administrativa local para agrupar ayuntamientos y hacerlos más óptimos.

Era un momento en el que algunas pedanías se cuestionaban su futuro (San Vicente o Castro Urdiales) ante la escasez de recursos y la dificultad de los ayuntamientos de abonarles las subvenciones. Precisamente el BOC de este martes, 5 de abril, publica que la Junta Vecinal de Valdició (Soba) ha iniciado el procedimiento para su disolución como entidad local menor ante la imposibilidad de renovar los puestos de presidente y vocales.

Fue en 2010 cuando Miguel Ángel Revilla como presidente reconocía que era complicado: ese acertado a ver quién le pone el cascabel al gato. En la actualidad asegura que no es una prioridad e insiste en la vía de mancomunar servicios entre ayuntamientos próximos, en vez de iniciar un nuevo debate sobre la unificación de ayuntamientos. Es un tema delicado detrás del que hay una historia, insiste al tiempo que para ahorrar pone el punto de mira en otras instituciones como las diputaciones o el Senado. El exceso de gasto no está en las municipios, sentencia.

El municipio es una institución del siglo XIX que no da respuesta a las necesidad del siglo XXI, sostenía Pedro Requés, director del Departamento de Geografía y Urbanismo de la Universidad de Cantabria en las informaciones publicadas al hilo de anteriores debates. La propia UC, a petición del entonces Ejecutivo del PRC-PSOE, realizó en 2007 un plan inicial sobre el que apoyarse para debatir una división de la región en diez o doce comarcas. Una Ley de Comarcas que en sucesivas legislaturas se ha quedado en Cantabria solo en proyecto.

Lo que en España es un debate y una realidad de cientos de administraciones locales muy fragmentadas, en Europa el cambio es un hecho hace años. Como ejemplo, en 2011 en Italia se cerraron todos los ayuntamientos de menos de mil habitantes. De sus 8.094 municipios, 1.970 no alcanzaron el límite y tuvieron que fusionarse. En Gran Bretaña se pasó de unos 1.500 a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596 y en Grecia de 5.300 a poco más de mil.