Los afectados por los derribos se unen en una plataforma nacional

Sus impulsores han destacado que en España existen unas 500.000 viviendas ilegales, lo que afectaría a unos 2 millones de personas, de las que 50.000 cuentan con una sentencia de derribo, lo que estiman que representa un impacto de unos 10.000 millones de euros para la economía nacional.

La nueva Coordinadora de Asociaciones Pro Justicia en el Urbanismo (CAJU) la han presentado hoy el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, y los abogados Antonio Cascante y Gerardo Vázquez, representantes de asociaciones gallegas y andaluzas, respectivamente.

Vilela, máximo representante de la asociación que engloba a la mayoría de afectados en Cantabria, ha subrayado que se trata de un "problema social", que "no tienen parangón" en ningún otro país europeo.

Ha explicado que el objetivo de esta coordinadora, que formaliza una relación de más de dos años entre las distintas asociaciones que la conforman, es impulsar medidas legislativas que protejan los derechos de terceros que de buena fe compraron una vivienda sobre la que después se ha emitido una sentencia de derribo.

Entre esas medidas trabajan en un cambio legislativo para extender las garantías del Registro de la Propiedad a todo el ámbito del urbanismo, para lo que han reclamado un consenso político igual al que han obtenido otras reformas como la obligación de garantizar una indemnización antes de demoler una vivienda, que ya se aplica.

Para ello, la coordinadora prevé crear un grupo de trabajo y celebrar unas jornadas para la puesta en común de experiencias, bajo el título "Medidas para evitar la situación de desprotección de los ciudadanos en el ámbito administrativo".

También han abogado por medidas que contemplen la reparación del daño causado por las administraciones, a las que Vilela ha pedido que "dejen de hablar de humo", y por una adaptación de la legislación que aumente la seguridad jurídica de los ciudadanos y evite que se repitan este tipo de situaciones "injustas", ha añadido el presidente de AMA.

Gerardo Vázquez, que es portavoz de una asociación en Almería y que también ha asegurado estar en contacto con otras de Valencia y Madrid, ha criticado como "inconcebible" en un Estado moderno que una persona que se compre una casa con todos los permisos administrativos, se encuentre después con una sentencia de derribo.

Ha advertido de que se trata de un hecho "habitual", que afecta también a extranjeros que se han venido a instalar a España, como el caso de una pareja británica a la que defiende, que lleva desde 2008 viviendo en su garaje, después de que les demoliesen la casa.

El representante de las asociaciones gallegas de afectados, Antonio Cascante, ha defendido que no se trata de "promociones salvajes" construidas en parajes naturales, sino de familias "humildes" que "se han fiado" de la Administración al comprar su vivienda.

"Esto no es un problema de especuladores. No estamos intentando consolidar impactos ambientales. No estamos detrás del Hotel Algarrobico", ha resumido Cascante.