"En Mare pudo haber errores pero nunca ilegalidades", dice el PP

Fernández admite que pudo haber «errores de procedimiento» e, incluso, «alguna irregularidad» que atribuye a los técnicos, pero «nunca ilegalidades». El senador defiende palmo a palmo su actuación y la de Antonio Zabala, su hombre de confianza en la empresa pública que gestiona los residuos de la región.

El exconsejero se desayunó ayer una auditoría «provisional, que no definitiva», recalca que pone su gestión en entredicho. Un informe difundido por el Gobierno que será analizado hoy públicamente por la vicepresidenta. Tras una primera evaluación de sus 76 páginas, el que fuera presidente del Consejo de Administración de Mare garantiza que «nunca adjudiqué un contrato en Mare con reparos de los técnicos de la empresa». Además, está en condiciones de asegurar que todas las contrataciones que se hicieron durante su mandato «tenían la fiscalización propia de una empresa pública», desmintiendo así una de las conclusiones de la auditoría. «No hay ni un solo caso en que el presidente de Mare o el director general hayan contratado por su cuenta y riesgo, ni uno solo», se defiende. Y niega también que se fraccionaran contratos para eludir las exigencias legales.

En declaraciones a este periódico, Fernández subraya que ni él ni Zabala tenían el control de legalidad a la hora adjudicar los contratos y que los técnicos de la empresa pública «nunca» realizaron observaciones ni reparos de supuestas ilegalidades. Por eso entiende que «lo que realmente se está cuestionando» en la auditoría es «si los técnicos cometieron o no alguna irregularidad» en los procedimientos de contratación.

Procesos de emergencia

La auditoría alerta sobre la utilización de los procedimientos de emergencia para dar contratos a dedo. En este sentido, el exconsejero subraya dos tipos de situaciones. Dice que la mayoría son casos en que los propios técnicos de Mare informaban de una situación de emergencia real, que había que atender, cuya urgencia justificaba la contratación directa del servicio. Sin embargo, la auditoría sostiene que Mare, al ser empresa pública, no tiene competencias para tramitar un procedimiento de emergencia, reservado únicamente para las administraciones públicas. Por eso Fernández sostiene que el reproche del auditor es formal y no de fondo, porque «la emergencia existió».

Pero el informe revela también la existencia de una serie de contratos mayores de adjudicación directa, en los que no había emergencia alguna. Por ejemplo, la realización de un inventario de las industrias de los polígonos industriales de Santoña y Laredo, encomendada a Apia XXI, o un servicio de carga, transporte y descarga de contenedores de gran volumen de los puntos limpios, encargado a la empresa Depuram S. A. En ambos casos, se eludieron todos los requisitos de contratación de la legislación estatal.

Según Fernández, en estos supuestos se trataba de contratos que se venían prorrogando de manera incorrecta por los anteriores gestores. «Para regularizar la situación se hizo un contrato puente con la empresa que prestaba ese servicio, y luego se sacó a concurso». Así que, según el exconsejero, «los supuestos de contratación a dedo se refieren a casos de emergencia o a una situación de regularización. Y nunca hubo reparos de los técnicos», apunta.

Fernández explica que cuando llegó a Mare en 2011, después de que el PP ganara las elecciones y desalojara del Gobierno a regionalistas y socialistas, «había cosas en materia de contratación que se hacían francamente mal y que tuvimos que regularizar. Hicimos adaptaciones importantes». Por ejemplo, «el Gobierno hacía encomiendas de gestión por seis meses y luego Mare las ejecutaba con contratos de 20 o 30 años. Eso no podía ser así y lo regularizamos. Seguramente hubo errores de procedimiento pero no ilícito penal. Todos los contratos tenían la intervención de los servicios de la empresa y ni uno solo incorporaba el reparo de los técnicos de la empresa», insiste.

La auditoría enfatiza sobre la ausencia de publicidad de los contratos porque no salían ni en el BOE ni en el BOC, pero el senador subraya que ese requisito se cumplía a través del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, que «es donde hay que publicarlos». Fernández anuncia que realizará las alegaciones oportunas al documento.